El drama judicial de los congresistas reelectos Wadith Manzur y Karen Manrique abre un interrogante incómodo en el Capitolio: ¿qué pasa con sus curules si llegan a ser condenados? Ambos fueron enviados a la cárcel por la Corte Suprema con medida de aseguramiento por presunta comisión de cohecho impropio en el escándalo de la UNGRD. El problema es que acaban de ser reelegidos, lo que complica el panorama constitucional.

Por ahora, hay que ser claros: ninguno de los dos ha sido condenado. La presunción de inocencia sigue vigente. Pero si la justicia eventualmente los encuentra culpables, entraría en juego la "silla vacía", una figura que establece la Constitución en su artículo 134. Esta regla prohíbe reemplazar a congresistas que sean condenados por delitos de corrupción, narcotráfico o financiamiento de grupos armados ilegales.

El tema es más enredado de lo que parece. La pregunta sin respuesta clara es si la medida de la silla vacía se aplicaría solo durante los tres meses que les quedan en su período actual, o si también impediría que ocupen los nuevos curules para los que fueron elegidos entre 2026 y 2030. En el caso de Manzur, la cosa es especialmente particular porque pasó de la Cámara al Senado. La senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano fue una de las figuras que señaló esta posibilidad como algo que debía aclararse.

La historia tiene antecedentes que dan luces pero no respuestas definitivas. El exsenador liberal Mario Castaño fue capturado en junio de 2022, cuando apenas le faltaba poco más de un mes para terminar su período. Fue condenado a 15 años por concierto para delinquir, peculado e interés indebido en contratos. Tejió una red criminal que se extendía por Caldas, Chocó y Risaralda. Su curul se quedó vacío, pero la silla vacía stricto sensu no se aplicó. El caso de Aída Merlano tomó otro rumbo: aunque Soledad Tamayo asumió su escaño en el Senado durante más de un año, el Consejo de Estado terminó anulando el acto que permitió ese reemplazo y confirmó que sí debía aplicarse la silla vacía.

El Partido Conservador, agrupación de Manzur, ya reaccionó con un comunicado midiendo palabras. Aseguró que activaría "los mecanismos éticos y disciplinarios previstos en sus estatutos" pero mantuvo la expectativa de que su congresista pudiera "presentar sus argumentos y demostrar su inocencia". El partido reiteró que "Reiteramos nuestra confianza en las instituciones y en la autonomía de la justicia, pilares del Estado Social de Derecho. Las decisiones judiciales deben ser acatadas dentro del marco institucional que rige nuestra democracia. Al mismo tiempo, recordamos que toda persona goza de la presunción de inocencia y del derecho a ejercer su defensa con todas las garantías que consagra la ley".

Lo cierto es que esto sigue siendo un punto gris en la institucionalidad. Las autoridades electorales y judiciales tendrán que ponerse de acuerdo pronto sobre cómo proceder, porque el tiempo en el Congreso actual se agota y las nuevas curules vienen en camino.