Desde que fueron capturados el pasado viernes, Wadith Manzur y Karen Manrique han generado expectativa sobre dónde cumplirán su detención mientras la justicia avanza en su contra. Los dos parlamentarios, señalados por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia ser recluidos en una guarnición militar en lugar de centros penitenciarios convencionales. El argumento principal es la protección de sus vidas.

El abogado Andrés Garzón Roa, que defiende a Manrique, pidió formalmente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario trasladarla a un centro con "las medidas necesarias para procurar su seguridad", citando las "recurrentes amenazas" de las cuales ha sido víctima y que ya fueron reportadas ante los magistrados. Sin embargo, aún no está claro cuál será ese lugar de confinamiento, e incluso existe la posibilidad de que deban ser trasladados a diferentes ciudades dependiendo de la disponibilidad de espacios en instalaciones militares que cuenten con los requerimientos adecuados para alojar a congresistas privados de libertad.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó su encarcelamiento tras concluir que existen "múltiples pruebas recaudadas" que demuestran una red de "negociación criminal" entre funcionarios del Gobierno y el Legislativo. Según la investigación, usaron sus cargos para intercambiar contratos y recursos públicos por apoyo político a decisiones del Ejecutivo. Las declaraciones de María Alejandra Benavides Soto, Sneyder Pinilla y Olmedo López fueron clave para reconstruir los hechos y entender el rol de liderazgo que ambos congresistas habrían tenido en esta estructura delictiva.

Para los magistrados, mantener a Manzur y Manrique en libertad representa un riesgo para la comunidad. El tribunal consideró que sus conductas no fueron hechos aislados, sino parte de una práctica institucional consolidada de "mercantilización de la función pública". Además, señaló que ambos mantienen capital político y redes de influencia que podrían permitirles activar canales de coordinación ilegales incluso fuera de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Lo paradójico del caso es que pese a las investigaciones y denuncias en su contra, ambos parlamentarios fueron reelegidos el 8 de marzo pasado. Se espera que durante esta semana la Corte Suprema y el Inpec definan finalmente dónde permanecerán recluidos mientras avanza el proceso penal en su contra.