Wadith Manzur tomó la decisión de apartarse de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, pero dejó clara una cosa: su renuncia es solo a ese espacio, no a su curul como congresista. El político conservador, quien fue reelegido el pasado 8 de marzo para ocupar un escaño entre 2026 y 2030, presentó formalmente su dimisión de la comisión días después de entregarse a la justicia por presuntos vínculos con el saqueo de la UNGRD.

En el documento de renuncia, Manzur argumentó que su decisión busca "facilitar la adecuada organización interna de la corporación". También dejó constancia de que su espacio en la comisión queda "a disposición de la Honorable Cámara de Representantes, con el fin de que sea provisto por otro integrante del Partido Conservador, de conformidad con los acuerdos y criterios de representación política correspondientes".

El movimiento del congresista electo ocurre en un momento bastante delicado. La Corte Suprema de Justicia acaba de ordenar una inspección a las instalaciones de la Comisión de Acusación por orden de la magistrada Cristina Lombana. El propósito es revisar el estado de las investigaciones sobre presuntas violaciones de topes electorales en la campaña presidencial de 2022. La Corte quiere verificar si hay demoras injustificadas u obstrucciones en los procesos que se adelantan.

Manzur permanece recluido en la Escuela de Carabineros desde el 19 de marzo, después de que la Corte le impusiera medida de aseguramiento el 11 de marzo. Los señalamientos en su contra son graves: presuntamente habría negociado sus votos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de contratos de la UNGRD. La decisión de dejar su puesto en la comisión legislativa, mientras se mantiene en la nómina de congresistas electos, muestra un movimiento calculado en medio de uno de los escándalos más grandes que ha enfrentado el Congreso en los últimos años.