Karen Manrique lleva 42 días encerrada en una guarnición militar en Malambo, Atlántico, a casi mil kilómetros de su tierra natal Tame, Arauca. La representante a la Cámara permanece detenida mientras la Corte Suprema de Justicia avanza en su proceso por el escándalo de corrupción en la UNGRD. Junto a ella está Wadith Manzur, otro congresista reelecto que comparte la misma suerte tras las rejas de la Escuela de Carabineros de la Policía. Ambos han decidido no quedarse en silencio y han iniciado una ofensiva legal para cuestionar los criterios de los magistrados que ordenaron su prisión preventiva.

El nudo del problema está en cómo la Corte llegó a esa decisión. El 11 de marzo, la Sala Especial de Instrucción dictó la medida de aseguramiento para Manrique, Manzur y otros cuatro acusados por cohecho impropio. Pero la votación fue tan cerrada que requirió desempate. Tres magistrados estaban a favor de la detención, tres en contra. Fue entonces cuando entraron en juego Jesús Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca, dos conjueces escogidos por sorteo para definir el rumbo del caso. Sus votos inclinaron la balanza hacia la prisión preventiva.

La defensa de Manrique considera que ahí hubo un grave problema. Según la queja disciplinaria radicada por su abogado Andrés Garzón ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, los conjueces no estudiaron el expediente adecuadamente. El proceso acumulaba 64 cuadernos de instrucción, materiales que incluían dos cuadernos sobre allanamientos, veinticuatro con interceptaciones realizadas durante más de un año, 55 testimonios, 82 diligencias y casi cien horas de audio. "En apenas cinco días, siendo materialmente imposible que analizaran la totalidad del acervo probatorio, emitieron votos positivos para que se profiriera una orden de captura", dice el documento de once páginas que conoció La FM.

Manrique profundizó en su recusación de diecisiete páginas contra los dos juristas. Según sus cálculos, para honrar adecuadamente su juramento, los conjueces necesitaban dedicarle ocho horas diarias durante 125 días al expediente, es decir, leer aproximadamente 1.875 páginas cada hora. "Y resulta que en menos de cinco días profirieron la decisión", cuestiona la congresista araucana. Los abogados también argumentan que los conjueces "decidieron de manera dolosa únicamente dar lectura a una ponencia" que solicitaba la medida de aseguramiento, rompiendo así "los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia".

Wadith Manzur también arremetió contra la Corte, pero desde otro frente. El representante conservador, electo para saltar al Senado el 8 de marzo, presentó una recusación contra el magistrado Héctor Javier Alarcón Granobles. El argumento es contundente: en julio de 2025, ese mismo magistrado había votado para que Manzur no fuera detenido. Ahora cambió de criterio. La defensa, representada por Luis Carlos Torregrosa, sostiene que el magistrado debió mantener su postura de forma "consecuente". Según la aclaración de voto de Alarcón, su cambio se justifica en que Manzur podría ser un peligro para la comunidad, basándose en los hallazgos del allanamiento al domicilio de Andrea Ramírez, una exasesora del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, los abogados de Manzur protestan: en el manuscrito hallado que registra supuestas relaciones clientelares entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso, "el suscrito no figura en él". Por lo tanto, argumentan, la conclusión lógica debería haber sido la contraria.

La batalla judicial está apenas comenzando. Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara, deberá procesar la queja disciplinaria, mientras que los recursos de recusación avanzan en la Corte. Manrique y Manzur están en una carrera contra el tiempo: ella quiere mantenerse en su curul de paz, él ya fue elegido senador y desea posesionarse a pesar de estar preso. Sus defensas confían en que el sistema judicial reconozca que algo no estuvo bien en la forma en que se tomó esa decisión que los tiene encerrados.