El Juzgado 11 Penal del Circuito de Bogotá ratificó la decisión de mantener la orden de captura contra César Augusto Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública. La medida sigue vigente después de que la defensa presentara una apelación que fue rechazada. Los jueces consideraron que Manrique representa un riesgo de evasión de la justicia, lo que explica por qué el exfuncionario ya se encuentra prófugo en el exterior desde agosto de 2025. Además de la orden nacional, existe una captura internacional y una notificación roja de Interpol que busca localizarlo en cualquier país.

El escándalo que complica a Manrique gira alrededor de lo que autoridades señalan como una estructura de corrupción dentro de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres). Según la Fiscalía, entre mayo de 2023 y septiembre de 2024, funcionarios de alto nivel coordinaban pagos ilegales a congresistas y direccionaban contratos de emergencia hacia empresas previamente seleccionadas. El caso incluye a otros ocho exfuncionarios, entre ellos Olmedo López, quien fue exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres. Todos enfrentan cargos por concierto para delinquir, peculado, lavado de activos y falsedad documental, entre otros delitos.

El testimonio de Luis Carlos Barreto, quien fue subdirector de Conocimiento de la UNGRD y firmó un preacuerdo con la Fiscalía, se ha convertido en pieza fundamental de la acusación. Barreto afirmó que junto con Manrique suministraron a Sneyder Pinilla los nombres de empresas y contratistas que debían ser favorecidos. Más aún, reveló que recibió la orden de retirar 3.800 millones de pesos del Banco Davivienda, dinero que fue entregado a Manrique en varios maletines con billetes de 100.000 pesos en un baño cercano a la entidad bancaria, entre enero y marzo de 2024. Barreto aseguró que este pago correspondía a sobornos relacionados con siete contratos que fueron adjudicados a personas cercanas al exfuncionario.

La maniobra central de la red de corrupción, de acuerdo con la investigación, fue la modificación de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras por aproximadamente 100.000 millones de pesos. La reunión decisiva ocurrió el 25 de septiembre de 2023 en las instalaciones de la ANT, donde participaron Olmedo López, Luis Carlos Barreto, César Manrique y el entonces director Gerardo Vega. En ese encuentro se habría acordado reducir el convenio y establecer una comisión ilegal del 7 % del valor liberado. La Fiscalía sostiene que Manrique facilitó esta reducción para que los recursos fluyeran hacia contratistas seleccionados, mientras que López distribuiría la coima con otros funcionarios involucrados.

La estructura funcionaba de manera sistemática. Funcionarios alertaban previamente a contratistas sobre los bienes y suministros que necesitaba la UNGRD, permitiéndoles presentar cotizaciones infladas que ya incluían el monto de los sobornos. Una vez adjudicados los contratos, los beneficiarios debían entregar un porcentaje de sus ganancias como coima, que en algunos casos alcanzaba el 12 %. Estos contratos incluyeron obras como carrotanques, mantenimiento de pozos, plantas desalinizadoras y sistemas de almacenamiento, principalmente destinados a La Guajira.

Manrique había renunciado a su cargo en la Dirección de Función Pública argumentando amenazas y problemas de salud. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que su verdadero propósito era participar en el desviación de recursos públicos destinados a emergencias. Con su fuga al exterior y la confirmación de la orden de captura internacional, el caso continúa avanzando en la justicia colombiana mientras la defensa del exfuncionario sigue presentando recursos legales para evitar su encarcelamiento.