El escándalo de la minería ilegal en La Mandinga, en el Bajo Cauca, sigue dejando confusión sobre quién realmente controla ese predio. Después de que el diario New York Times sacara a la luz la explotación clandestina de oro en la zona, el Ejército Nacional fue señalado como administrador del lugar a través de la Sociedad de Activos Especiales. Pero la SAE no se quedó callada y aclaró que ese terreno nunca ha estado bajo su responsabilidad.

Según el comunicado de la entidad, "el predio conocido como 'La Mandinga', no hace parte de los bienes administrados por la entidad". La historia judicial del inmueble es complicada: desde 2013 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá lo embargó dentro de un proceso de Justicia y Paz. Luego, el 18 de febrero de 2020, se declaró la extinción de dominio, lo que significa que pasó a ser propiedad del Fondo de Reparación de las Víctimas, que es administrado por la Unidad de Víctimas. La SAE insiste en que nunca recibió el predio, y cuenta con actas de empalme de septiembre de 2014 que lo demuestran.

Mientras tanto, la situación en el terreno sigue siendo preocupante. Se calcula que hay al menos 2500 mineros informales operando en La Mandinga bajo el control del Clan del Golfo. El Ejército Nacional ya había alertado sobre esta explotación minera desde 2022, cuando presentó denuncias ante la Fiscalía y la Procuraduría. Ahora prepara nuevas acciones legales para enfrentar esta actividad criminal que sigue avanzando incluso dentro de los límites del Batallón Rifles en Caucasia.