El Concejo de Maicao le dio luz verde a una apuesta que la administración municipal considera clave para acelerar el desarrollo del territorio. Con una votación de 10 votos a favor, 2 en contra y 2 ausencias, los concejales aprobaron entregar a la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Maicao (EMDUMA) la administración del 75% de lo que recauda la sobretasa a la gasolina. El permiso rige por 20 años y busca fortalecer la ejecución de proyectos en agua potable, infraestructura vial, espacio público y desarrollo tanto urbano como rural.

Antes de votar, la administración y el Concejo realizaron una jornada participativa donde líderes comunitarios, concejales y ciudadanos expusieron sus puntos de vista sobre el proyecto. Según los promotores de la medida, este ejercicio aseguró transparencia en la toma de decisiones y permitió construir de manera colectiva lo que después se aprobó.

El alcalde Miguel Felipe Aragón defendió la iniciativa durante el debate enfatizando que se trata de fortalecer una empresa propia del municipio. "Estamos fortaleciendo una entidad donde el socio mayoritario es Maicao, para que cada inversión se traduzca en bienestar para nuestra gente. Queremos construir soluciones sostenibles que permitan avanzar hacia una ciudad más organizada, moderna y con capacidad de responder oportunamente a las necesidades de sus habitantes", aseguró.

Aragón también destacó dos frentes concretos en los que espera que EMDUMA genere cambios rápidos. El primero es la infraestructura vial: mejorar y mantener calles del municipio de manera más ágil, lo que beneficiaría a comerciantes, transportadores y comunidades. El segundo enfoque son las zonas rurales, donde planea acelerar la reparación y mantenimiento de pozos y molinos de agua que abastecen especialmente a poblaciones indígenas y campesinas.

La Administración Municipal subraya que EMDUMA es una empresa de economía mixta donde Maicao tiene el 51% de participación accionaria. Esa mayoría accionaria, según señala, garantiza que el municipio mantenga el control sobre las decisiones estratégicas y el uso de los recursos. El acuerdo aprobado también contempla contribuir al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 y atender necesidades históricas de la población que lleva años esperando estas intervenciones.