El Consejo Territorial de Planeación de Maicao (CTP) puso en marcha oficialmente el proceso de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Municipal, tal como lo establece la Constitución Política y la Ley 152 de 1994. Se trata de una revisión que cubrirá la vigencia 2025 y el primer semestre de 2026.

Rebeca Díaz Vallejo, presidenta del CTP, presentó un cronograma detallado para cumplir esta función. Según ella, "en primer lugar, se estableció un cronograma que contempla la recepción de informes sectoriales entre el 5 y el 8 de junio, sesiones técnicas y temáticas hasta el 30 de junio, encuentros presenciales con el Alcalde y secretarios entre el 6 y el 10 de julio, y la consolidación de observaciones para la entrega del concepto técnico el 30 de julio de 2026".

Pero más allá del cronograma, el Consejo hizo explícito un pedido importante: que el municipio brinde todos los recursos necesarios para que el proceso funcione correctamente. Esto incluye informes consolidados de avance, matrices de cumplimiento de metas, reportes presupuestales, espacios adecuados para las sesiones, dotación tecnológica y disponibilidad presupuestal.

Lo que generó más tensión fue el tema del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Díaz Vallejo señaló que el CTP nunca recibió documentación sobre este plan ni del consejo anterior ni de la administración municipal pasada, y que la administración actual tampoco los ha convocado ni vinculado en asuntos relacionados con él. Ella expresó que teniendo conocimiento público de demandas jurídicas sobre el POT, "el CTP solicitó de manera formal, completa y documentada la remisión de información sobre el estado de recepción institucional del POT, antecedentes técnicos y administrativos, actuaciones y decisiones adoptadas por la actual administración, información judicial y demandas en curso, conceptos emitidos por Consejos anteriores, actuaciones y decisiones del Concejo Municipal, estado actual oficial del POT y acciones administrativas ejecutadas".

La presidenta fue contundente al señalar que la falta de información y coordinación institucional afecta gravemente el ejercicio democrático de la planeación participativa e impide que el Consejo cumpla adecuadamente sus funciones.