La próxima semana la Corte Suprema de Justicia definirá si impone medidas restrictivas contra la senadora Martha Peralta por su presunta participación en el megaescándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, conocida como UNGRD. La magistrada Cristina Lombana ya presentó su posición: no cree que sea necesario encarcelarla preventivamente.

La recomendación de Lombana se basó en varios aspectos que ella consideró favorables. Durante la indagatoria, Peralta firmó un acta en la que se comprometió a informar al tribunal cualquier cambio de residencia y a pedir autorización antes de viajar fuera del país. Estos compromisos fueron vistos por la magistrada como señales de que la congresista está dispuesta a cooperar con la justicia y no representa un riesgo de fuga.

Aunque la ponencia de Lombana es importante, no es la palabra final. Los demás magistrados de la Sala de Instrucción deberán discutir y votar sobre sus argumentos en los próximos días. Es posible que alguno de ellos plantee una medida diferente durante el debate, así que todo aún está en el aire.

La investigación contra Peralta hace parte de uno de los casos de corrupción más grandes que ha visto el país en años recientes. Las autoridades buscan establecer si hubo entrega irregular de contratos y beneficios burocráticos a cambio de apoyos políticos en la UNGRD. La senadora ha negado cualquier participación y se ha mostrado colaboradora con los procesos.

Para la defensa de Peralta, la recomendación de Lombana es una buena noticia. Si la Sala la acoge, ella podría seguir ejerciendo como senadora mientras avanza el proceso judicial. La decisión que tome el tribunal será crucial tanto para el futuro de la congresista como para el desarrollo de las investigaciones por este caso que ha sacudido las estructuras del Estado.