La semana pasada se conoció públicamente un informe de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) que debería haber permanecido en secreto. El documento, elaborado bajo solicitud de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, cuestiona el patrimonio de la magistrada Cristina Lombana, quien integra la Corte Suprema de Justicia.

Según el informe, el patrimonio de Lombana se habría quintuplicado en pocos años, pasando de alrededor de $651 millones a más de $3.000 millones. El documento señala diferencias significativas entre sus declaraciones de renta, bienes registrados y movimientos financieros, incluyendo análisis sobre activos de su esposo, Leonardo Andrés Carvajal Velásquez.

La magistrada ha rechazado categóricamente las conclusiones del informe. Afirma que puede demostrar el origen lícito de sus bienes, que provienen de ahorros, pagos de pólizas e ingresos legítimos. Lombana ha calificado esta situación como represalia política, considerando que coincide con procesos sensibles que ha adelantado en la Corte, incluyendo investigaciones relacionadas con el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Ahora espera respaldo del presidente de la Corte Suprema de Justicia para defender la independencia judicial frente a lo que ve como una persecución. También exige que la Fiscalía investigue de oficio por qué se filtró información reservada, cómo se justifica una investigación en su contra y en la de miembros de su familia. La magistrada ha anunciado que acudirá hasta organismos internacionales para protegerse de lo que considera una persecución por su trabajo en la rama judicial.