En una audiencia que no dejó espacio para ambigüedades, la magistrada Isabel Fernández le hizo saber a la Fiscalía lo que pensaba de su desempeño en el caso contra Ricardo Bonilla. El exministro de Hacienda, envuelto en el escándalo de corrupción de la UNGRD, quedó en libertad porque simplemente se vencieron los términos legales. Y eso, según la jueza, fue culpa de la negligencia del ente investigador, no de circunstancias extraordinarias.

La magistrada fue clara en su razonamiento. "Los 120 días empiezan a correr desde la audiencia de imputación de cargos. Esos 120 días se vencieron el 31 de marzo", explicó. Y luego vino el reproche directo: "A la Fiscalía se le han dado las gabelas; la ley le da la gabela de considerar que se trata de un asunto complejo y por eso amplía el término ordinario". En otras palabras, la Fiscalía tenía herramientas legales para pedir más tiempo y no las usó como debía. Fernández dejó claro que "en el caso que nos convoca, incluso en el momento en que la defensa elevó la solicitud, ese escrito de acusación no se había presentado".

Lo que la jueza no pasó por alto fue que nadie en la Fiscalía se molestó en argumentar que había fuerza mayor, caso fortuito o cualquier otro motivo que justificara la demora. "Considero que en la situación que nos convoca que sí se cumplió el presupuesto para ordenar la libertad por vencimiento de términos", sentenció, dejando constancia de que el ente investigador nunca mencionó circunstancias extraordinarias que explicaran por qué no había presentado la acusación.

Sin embargo, la historia no termina ahí. El fiscal del caso, Gabriel Sandoval, no se quedó con los brazos cruzados. Argumentó que la Fiscalía sí estaba dentro del plazo legal porque, tratándose de delitos contra la administración pública y el patrimonio del Estado, los términos se duplican: de 120 a 240 días. Además, Sandoval sostuvo que el conteo debería hacerse desde la privación efectiva de la libertad del 18 de diciembre, no desde la audiencia de imputación, lo que significaría que el plazo vencería el 16 de abril.

Bonilla permanecerá en libertad por ahora, pero esto no significa que la investigación haya terminado. El exministro enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, cohecho y otros delitos relacionados con su rol en el caso de corrupción de la UNGRD. La decisión de la magistrada ya fue apelada no solo por la Fiscalía, sino también por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Contraloría General de la Nación y el Instituto Nacional de Vías, todas reconocidas como víctimas en el proceso. Un tribunal superior deberá resolver si la libertad se mantiene o se revoca.