La situación financiera de los hospitales públicos en el Magdalena llegó a su punto más crítico. La Gobernación departamental declaró alerta máxima por los pagos que no llegan de las EPS, dejando una deuda acumulada de aproximadamente 500 mil millones de pesos que tiene a la red hospitalaria en riesgo de funcionamiento.

Según reportes de la Secretaría de Salud Departamental, tres aseguradoras son las principales responsables de este atraso: Coosalud, Nueva EPS y Proteger responden por más del 82 por ciento de lo adeudado a los hospitales públicos del departamento.

Los efectos ya se sienten en terreno. Durante los últimos meses, la reducción en los pagos ha limitado la capacidad operativa de los 26 hospitales públicos que conforman la red. Esto no es un simple números en un balance: significa menos medicamentos disponibles, servicios restringidos y, lo más delicado, que el personal médico y administrativo ve comprometida su estabilidad laboral. La prestación de servicios de salud, ese derecho fundamental que necesitan los magdalenenses, está en riesgo.

Frente a esta realidad, la gobernadora Margarita Guerra no se quedó callada. Exigió el pago inmediato de la cartera y convocó a una mesa de trabajo que incluya a las EPS morosas, el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud. La intención es clara: diseñar un plan de contingencia que permita mantener la atención médica funcionando y, al mismo tiempo, garantizar que la red hospitalaria del Magdalena tenga sostenibilidad financiera real.