El sector salud colombiano sigue enredado en polémicas. Mientras el país lidia con la crisis financiera del sistema de salud y el rechazo ministerial a ajustar el pago por capitación, ahora emerge un nuevo escándalo: acusaciones de irregularidades en la intervención a Nueva EPS, la aseguradora con más afiliados en el país (11,5 millones de personas).

El dedo acusador apunta hacia Luz María Múnera, superintendente adhoc de Nueva EPS. Según una denuncia de la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud radicada ante la Procuraduría y divulgada por Caracol Radio, el Gobierno Nacional habría ignorado completamente los pasos establecidos en la ley para la intervención de esa entidad. Un documento de la Procuraduría fechado el 14 de abril detalla cuatro hechos concretos que involucran a Múnera con posibles irregularidades.

El primer asunto es grave: la funcionaria habría decidido prorrogar la intervención sin cumplir ninguno de los protocolos obligatorios. No habría presentado el informe técnico de Inspección y Vigilancia, no solicitó el concepto técnico requerido, omitió información complementaria y presentó un informe con inconsistencias sobre el debido proceso. Además, según la denuncia, Múnera afirmó que Nueva EPS incumplió recomendaciones que ni siquiera le habían sido comunicadas previamente por la Superintendencia.

Hay algo más preocupante aún: en la resolución que prorrogó la intervención, Múnera consignó una versión de los hechos que contradice lo que realmente sucedió en la reunión del Comité de Medidas Especiales. Mientras la resolución sostiene que el Comité recomendó por unanimidad tomar posesión de los bienes de Nueva EPS, la denuncia afirma exactamente lo opuesto: los miembros aconsejaron no adoptar una nueva intervención. Incluso, la delegada habría advertido en esa reunión que el proyecto vulneraba el debido proceso.

El caso toca también al recién designado agente interventor, el exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina. La denuncia revela que Múnera recibió una evaluación técnica que indicaba que Ospina no tiene la experiencia mínima requerida en cargos directivos del sector salud. Peor aún: estaba advertida de que él tenía calificación de riesgo alto en las listas vinculantes y restrictivas. Aun así, fue designado. Nueva EPS lleva en intervención desde el 4 de abril de 2024.

Lo más llamativo es cómo fue aprobada la resolución. Múnera la proyectó, revisó y aprobó sola. Los siete funcionarios de alto nivel de la Superintendencia que conocieron la decisión no la respaldaron porque la consideraron ilegal. Fueron precisamente ellos quienes firmaron la denuncia que llegó a la Procuraduría.

EL COLOMBIANO intentó comunicarse con Luz María Múnera para conocer su versión sobre los hechos, pero hasta el momento no ha respondido las llamadas ni los mensajes enviados.