En La Guajira el recibo de la luz volvió a crecer y con él la preocupación de miles de familias. Según informó la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Costa Caribe, el kilovatio hora subió de 796 pesos a 840,15 pesos en apenas un mes, una diferencia de 44,15 pesos que suena pequeña en papel pero que duele en la realidad de los bolsillos guajiros.

El aumento toca pueblos enteros: Riohacha, Maicao, Uribia, Manaure, Albania, Fonseca, San Juan del Cesar y Villanueva sienten el impacto directo. En una región donde el calor no perdona, muchas familias tienen que mantener abanicos, neveras y otros equipos encendidos durante buena parte del día. Cada peso adicional termina reflejándose en la factura que llega a fin de mes.

Según la Liga, el ajuste responde a varios componentes tarifarios: la generación de energía, su transmisión y las pérdidas que se reconocen dentro del cálculo del servicio. Todo eso lo terminan pagando los usuarios, que ya venían pidiendo alivios ante los altos costos. Lo más molesto para la organización es que la tarifa de AIR-E se había mantenido estable desde finales de 2025, gracias a reclamos ciudadanos y decisiones del Tribunal Administrativo del Atlántico que paraban los aumentos. Ahora, ese respiro terminó.

La Liga sigue insistiendo en que hay que eliminar la sobretasa del 20 por ciento que se cobra por la comercialización del servicio. Con ese rubro fuera, aseguran que la factura podría bajar cerca de 50 pesos por kilovatio hora. Es el alivio que muchas familias llevan meses esperando.

El panorama se complica porque AIR-E, la empresa que distribuye la energía en La Guajira y el resto de la Costa Caribe, atraviesa una crisis. El Gobierno Nacional habló de posible liquidación, pero el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, dejó la decisión para el próximo gobierno. Mientras eso se resuelve, los guajiros siguen pagando.

El impacto no es solo en los hogares. En La Guajira, las tarifas eléctricas afectan directamente a tiendas, restaurantes, talleres, peluquerías y pequeños negocios que dependen de la energía para funcionar. Cada aumento reduce ingresos y aumenta la frustración. Por eso, desde la Liga insisten en que lo urgente es estabilizar financiera y operativamente a AIR-E con recursos públicos, tal como lo contempla la Ley 142 de 1994 para empresas de servicios públicos intervenidas.

La expectativa está en el nuevo gobierno: que revise soluciones que garanticen la continuidad del servicio y alivien la carga de los hogares guajiros. Mientras tanto, los usuarios siguen enfrentando recibos altos en una región que reclama respuestas concretas.