Colombia está en plena campaña electoral para elegir al sucesor de Gustavo Petro, y en la contienda se mueven varios aspirantes como Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Iván Cepeda Castro, Roy Barreras y Claudia López, entre otros, todos buscando convencer a los ciudadanos de que son la mejor opción para gobernar. Sin embargo, existen reglas que ponen límites a lo que puede hacer el presidente durante estos periodos electorales, y precisamente eso es lo que ahora está bajo escrutinio.

Todo comenzó cuando Petro publicó mensajes en X donde se refirió directamente a candidatos y sus posiciones políticas. En uno de ellos escribió: "Me parece clave que el pueblo tenga completa claridad sobre lo que va a escoger para el gobierno que me sucederá. La franqueza es clave y no habrá engaños. Paloma dice aquí su posición política; lo ha hecho el progresismo y De la Espriella. Otros son un poco menos claros, pero la franqueza es clave para un pueblo". El mensaje era una respuesta a Valencia, quien había dicho públicamente que "no hace acuerdos sobre la base de volverse lo que no es", refiriéndose a posibles acuerdos sobre fórmulas vicepresidenciales.

El presidente volvió a la carga con otro trino aún más contundente. Después de que Valencia invitara al petrismo a verla de otra manera e indicara que estaría dispuesta a trabajar con otros sectores políticos, Petro escribió: "¿Qué clase de cariño nuevo es ese si todas las reformas sociales y la transformación democrática que propusimos fueron atacadas en todos estos años por ella y su movimiento? ¿Por qué ahora es cariño y querer? Si el presidente de la República fue lanzado a ser literalmente quemado y despedazado por la prensa del uribismo, ¿qué clase de cariño es ese? De milagro he sobrevivido a tanto amor odiador; menos mal he aprendido que también hay odios que se disfrazan de amor". Añadió además una referencia histórica: "Los troyanos aprendieron a desconfiar de los quereres y regalos de los griegos. Propuse un acuerdo nacional y se burlaron de él. No quisieron. Sabotearon el proyecto de ley de financiación del Estado y produjeron una deuda cara por puro sectarismo político".

Las normas colombianas contemplan sanciones cuando un funcionario incurre en participación indebida en política durante épocas electorales. Normalmente, la Procuraduría General de la Nación es la entidad encargada de investigar y, de comprobarse la falta, puede imponer desde suspensiones hasta la destitución del cargo e inhabilidad para ejercer funciones públicas. También puede intervenir el Consejo Nacional Electoral, que investiga irregularidades en el proceso electoral.

Sin embargo, cuando se trata del presidente de la República, el procedimiento es especial. La investigación corresponde a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, y si hay mérito, el proceso puede avanzar hacia un juicio político en el Senado de la República, que funciona como tribunal dentro de la Rama Legislativa.