Diez días después de que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran el norte de Venezuela, el panorama de la tragedia sigue siendo desolador. Las autoridades reportan 2.595 personas fallecidas y 12.400 heridas, mientras que organismos internacionales estiman que podrían haber cerca de 50.000 desaparecidos. Los números son apenas una parte de una crisis mayor: Naciones Unidas calcula que 6,7 millones de habitantes fueron afectados y que las pérdidas en infraestructura superan los 6.700 millones de dólares.

Entre los escombros, sin embargo, salió a la luz una vieja discusión sobre la calidad de las viviendas construidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela, el programa habitacional que comenzó en 2011 bajo el gobierno de Hugo Chávez y fue expandido posteriormente bajo Nicolás Maduro. Los daños registrados en varios complejos residenciales, especialmente en La Guaira, han reavivado las críticas sobre este programa. Diversos sectores ahora exigen una auditoría técnica independiente para determinar si el colapso de estos edificios obedeció únicamente a la magnitud de los terremotos o si también hubo fallas en el diseño, los materiales, la construcción o la supervisión de las obras.

Ingenieros y especialistas advierten que aunque es prematuro culpar exclusivamente a los movimientos telúricos, sí es cierto que factores como la calidad de los materiales, el tipo de suelo y el cumplimiento de normas de construcción pudieron amplificar los daños. Richard Casanova, director del Colegio de Ingenieros de Venezuela, señaló que parte de las viviendas públicas construidas durante el chavismo presenta antecedentes de deficiencias técnicas y falta de controles adecuados. Otros expertos también mencionan que fenómenos como la resonancia estructural pudo incrementar los efectos del terremoto sobre algunos edificios.

Estas inquietudes no son nuevas. Durante años, diversos informes han advertido sobre presuntas irregularidades, retrasos y falta de transparencia dentro del programa de vivienda. Ahora, con la tragedia en la mesa, esos cuestionamientos vuelven con más fuerza. Ante la presión, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la conformación de una comisión para evaluar la habitabilidad de las viviendas afectadas y revisar también puentes, vías y otras obras de infraestructura. Mientras tanto, se registran 862 réplicas y organismos humanitarios como Unicef continúan operaciones de rescate, advirtiendo que alrededor de 680.000 niños requieren ayuda inmediata.