La muerte de un transportista en el sector de Ciudad Verde el pasado 16 de febrero sacudió a Soacha y puso en el centro de la atención pública una realidad que los conductores de buses llevaban denunciando hace meses: el terror de la extorsión organizada.

Agustín González, quien cubría la ruta entre Restrepo en Bogotá y Prado Vegas, fue atacado a balazos alrededor de las 7:30 de la noche en la avenida Las Torres con carrera 20. Aunque fue trasladado con vida a un centro de salud, sus heridas resultaron fatales. En ese momento González llevaba pasajeros en su vehículo, lo que demuestra el riesgo que enfrentan no solo los trabajadores sino también los ciudadanos que dependen del transporte público.

Lo que comenzó como una investigación criminal se convirtió rápidamente en una confirmación de lo que muchos transportistas ya sabían. Según la Policía Metropolitana de Soacha, detrás de las amenazas, los panfletos intimidatorios y los cobros forzosos está el grupo delincuencial Los Satanás. El coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, comandante de la institución, fue claro al respecto: "Los Satanás es el grupo que está detrás de estos mensajes extorsivos hacia el gremio transportador".

Los conductores han reportado que durante los últimos meses reciben amenazas directas y panfletos que los obligan a pagar dinero. Algunos relatan encuentros violentos en los que hombres armados detienen sus vehículos, exigen pagos inmediatos y advierten represalias si se rehúsan. El objetivo no se limita solo a los buses: también han apuntado a taxistas, transportistas informales, dueños de parqueaderos y comerciantes de sectores como Bosa y Kennedy en Bogotá.

La policía ha empezado a responder. El 5 de febrero capturaron a alias Marco Pérez, un miembro de Los Satanás señalado de coordinar cobros extorsivos y asesinatos contra el gremio transportador. Durante el operativo incautaron una granada de calibre 40 milímetros, municiones, panfletos y celulares usados para actividades ilegales. Un juez ordenó su encarcelamiento por delitos que incluyen extorsión, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas. En total, las autoridades reportan haber capturado a 22 integrantes de esta organización y desarticulado cuatro de sus estructuras en el municipio, además de incautar diez armas de fuego.

El asesinato de González fue el detonante para que transportistas salieran a las calles a protestar en busca de garantías de seguridad. Ante la presión, las autoridades anunciaron la creación de mesas de seguridad y diálogo con los líderes de las movilizaciones para establecer acuerdos que protejan a quienes cada día arriesgan sus vidas en las carreteras de Soacha.