La tarde del jueves comenzó a circular en Fundación un panfleto que dejó en vilo a comerciantes, familias y funcionarios públicos del municipio. El documento, atribuido a la estructura criminal conocida como 'Los Primos', trae consigo amenazas directas que van desde un supuesto paro armado de 24 horas hasta advertencias de ataques indiscriminados en la región.

El tono del escrito es brutalmente claro desde el primer párrafo. El grupo anuncia que "Rompemos toda regla de bandidos y declaramos una guerra de sangre total en la región". Pero lo que sigue es aún más desconcertante. Los criminales no solo amenazan a sus enemigos, sino que advierten que irán contra familiares de personas que pertenezcan a otros grupos armados, sin importar la edad. "Declaramos familiares de todos los bandidos del municipio desde los 1 meses de nacidos hasta la vejez, todo aquel que tenga un familiar en algún grupo armado lo vamos a asesinar y luego tirado al río por partes", dice el panfleto en uno de sus fragmentos más escalofriantes.

Las amenazas se extienden también a sectores que nada tienen que ver con la violencia criminal. Los médicos y los policías aparecen en la lista de blancos, junto con sus familias. "Los policías y médicos del municipio también sufrirán sus familiares la masacre que se viene", advierte el documento. A los comerciantes les dan un ultimátum: mantener los negocios cerrados o enfrentar las consecuencias. "Comerciantes que tengan los negocios abiertos el día de mañana los mataremos", reza otra de las amenazas. Hasta los establecimientos públicos como estaderos están en la mira. El grupo asegura que va a "intensificar las masacres a buenos y malos que se encuentren en lugares equivocados".

La preocupación entre los fundacionistas es palpable, y defensores de derechos humanos como Lerber Dimas no han tardado en cuestionar la respuesta institucional. Para él, el problema es profundo: las autoridades ni siquiera tienen claro quiénes son estos criminales ni cuál es su estructura de mando. "Dicen los Primos, que son manejados a control remoto desde otro país, que rompen todas las reglas del bandido y van contra todos. En efecto son criminales, pero es muy penso que las autoridades todavía no tengan ni siquiera claridad de quienes son y cuál es su línea de mando", expresó. La Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (PDHAL) fue quien denunció públicamente la circulación del panfleto y alertó sobre la presencia de este grupo en varios municipios de la región.

Frente a la situación, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, no se quedó callada. Rechazó categóricamente las amenazas y pidió una respuesta inmediata del Gobierno Nacional. Ordenó reforzar las acciones de la Policía en Fundación y solicitó al Ministerio de Defensa el envío de capacidades adicionales para enfrentar la crisis de seguridad. "El Estado no puede ni va a ceder un solo centímetro frente a quienes pretenden sustituir la ley por la violencia. Ninguna organización delincuencial está por encima de la Constitución, de las autoridades legítimamente constituidas ni de la fuerza de nuestras instituciones democráticas", manifestó la mandataria.

Por ahora, las autoridades están atentas al cumplimiento de las amenazas mientras Fundación aguarda con incertidumbre los próximos movimientos del grupo criminal.