La razón termina dándole la vuelta. Así parece confirmarlo lo que está pasando con las intervenciones que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ordenó a través de la Superintendencia de Salud contra varias empresas aseguradoras. Tres instancias judiciales diferentes han revocado esas decisiones, dándole la razón a quienes desde el principio advirtieron que eran arbitrarias. Los afectados fueron Sanitas, Coosalud y Savia Salud.

Cuando la Superintendencia interviene una EPS, el Gobierno remueve a los directivos y pone a un agente interventor a manejar la empresa mientras se supuestamente se resuelven los problemas financieros y de atención. Pero en estos tres casos, los jueces decidieron que eso no fue lo correcto. La Corte Constitucional anuló la intervención a Sanitas el 27 de junio de 2025; el Tribunal Administrativo de Bolívar suspendió la de Coosalud el 16 de abril de 2026, y el Tribunal Administrativo de Antioquia hizo lo mismo con Savia Salud el 24 de abril.

Lo preocupante es que los tres fallos coinciden en algo muy importante: la Supersalud no hizo su tarea. Según los jueces, la Superintendencia tomó esas decisiones sin analizar ni entender el contexto real del sistema de salud, que lleva años quebrado por falta de dinero. Especialmente ignoró un problema fundamental: la insuficiencia de la UPC, que es el dinero que el Estado reconoce a cada EPS por cada afiliado que atiende.

El caso de Sanitas fue el más contundente. La Corte Constitucional fue directa: el entonces superintendente Luis Carlos Leal cometió una "arbitrariedad". Incluso la corte recordó públicamente al Gobierno que ella misma ya había advertido varias veces sobre la crisis que enfrenta el sistema de salud. Los jueces le pidieron a la Superintendencia que verificara si los problemas financieros de las EPS venían por mala administración o por culpa de un sistema estructuralmente quebrado. La conclusión de la Corte fue clara: la Superintendencia "claramente no consideró, valoró ni aplicó" esas advertencias y "vulneró el derecho fundamental al debido proceso" de Sanitas.

Con Coosalud pasó algo parecido. El Tribunal de Bolívar encontró que aunque la intervención parecía justificada, nunca logró lo que se suponía debía lograr: estabilizar la empresa. En lugar de eso, las cosas empeoraron para los afiliados. El economista de la salud Paúl Rodríguez, de la Universidad del Rosario, fue tajante al respecto: "eso termina dándoles la razón a quienes cuestionaban que esas intervenciones eran meramente políticas y lo que los fallos nos están mostrando es que la argumentación para hacerlas nunca fue sólida".

En Savia Salud pasó lo mismo. El Tribunal de Antioquia encontró que la Superintendencia se basó solo en números rojos sin preguntarse si esa crisis era culpa de los directivos o del sistema mismo. Y lo más grave: nunca analizó si el problema era la falta de dinero que el Estado manda o factores como los retrasos en pagos de otros conceptos que también golpean las finanzas de las EPS.

Lo que los pacientes han sufrido es quizás lo más importante de entender. El investigador Johnattan García lo explica así: "Cuando una EPS es intervenida es grave para los pacientes porque las IPS (hospitales y clínicas) van a poner muchos más problemas para contratos, servicios y aceptar nuevos pacientes. Eso es un letrero de que la situación va a empeorar". Rodríguez lo resumió en pocas palabras: "esas medidas han salido mal y es un desastre para los pacientes de esas EPS porque no hubo una mejora, sino que empeoraron las condiciones y han perdido calidad de vida o la vida misma".