Las cifras sobre el poder financiero del crimen organizado en Colombia resultan alarmantes. Según el diagnóstico del Comité de Revisión Estratégica e Innovación del Ministerio de Defensa, las estructuras criminales y grupos terroristas del país mueven alrededor de 40,5 billones de dólares cada año. Para dimensionar lo anterior: esa cantidad supera completamente el Presupuesto General de la Nación para 2026, que alcanza 546,9 billones de pesos, equivalentes a apenas 136.700 millones de dólares.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue claro al presentar el hallazgo esta semana en Bogotá. Señaló que "el problema de narcotráfico no solo se resuelve con armas, por eso estamos implementando la estrategia 30 por ciento de intervención de la Fuerza Pública y 70 por ciento de acción unificada del Estado. Y ese 30 por ciento debe ser con total contundencia contra las economías ilícitas". Este enfoque reconoce que solo bombardear estructuras criminales no es suficiente si no se toca el dinero que las sostiene.

Esos 40,5 billones de dólares provienen de múltiples fuentes ilegales. El CREI, que lleva un año elaborando este diagnóstico, incluye en sus cálculos los ingresos del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el secuestro y otros negocios delictivos. Lo más preocupante es que a pesar de los golpes constantes que el Estado asesta contra estos grupos, el flujo de dinero se mantiene estable, lo que les permite recuperarse rápidamente y reconstruir sus estructuras.

La magnitud de la operación criminal es tan vasta que la Fiscalía reporta más de 2.000 agrupaciones de crimen organizado actuando simultáneamente en el país. Desde grandes estructuras que operan a escala nacional, como el Clan del Golfo o las disidencias de las Farc, hasta pequeñas bandas que delinquen en un solo barrio o comuna. Cada una de ellas alimenta ese flujo de dinero que termina superando el presupuesto oficial de toda la nación.

Ante este panorama, el CREI propone una salida que va más allá de la confrontación armada. Recomienda implementar programas sociales y políticas públicas que reduzcan la dependencia económica de las comunidades frente a estas actividades ilícitas. La urgencia es especial en regiones como Catatumbo, Bajo Cauca, Urabá, sur de Bolívar, Cauca y Nariño, donde gran parte de la población depende de ingresos provenientes del crimen organizado por falta de alternativas legales.