Con cerca de 37.5% en la encuesta más reciente, Iván Cepeda se mantiene como favorito en la carrera presidencial, aunque críticos argumentan que ya ha tocado su techo electoral. Mientras candidatos como Paloma Valencia han mostrado un crecimiento más acelerado, el senador de izquierda consolida su ventaja gracias, en parte, al respaldo del Gobierno Petro. Pero su estrategia de mantener un perfil bajo mediáticamente, rehuyendo debates y concediendo pocas entrevistas, ha dejado al descubierto varios flancos vulnerables que sus opositores no dejan de explorar.

Uno de los puntos donde Cepeda se diferencia del resto de candidatos es su negativa a rechazar categóricamente la idea de una Constituyente promovida por el Ejecutivo. Mientras que sus competidores han tomado distancia clara de esta propuesta, él mantiene ambigüedad. La iniciativa, que busca recopilar firmas para presentarse ante el Congreso el 20 de julio, ha generado preocupación entre expertos de distintas tendencias políticas, quienes advierten sobre riesgos como modificar la autonomía del Banco de la República o abrir espacios para cambios profundos a la Constitución de 1991.

La forma en que Cepeda se refirió al asesinato de Miguel Uribe Turbay también generó polémica. Aunque condenó el magnicidio como "absolutamente execrable" y lo calificó como "crimen de lesa humanidad", la clasificación adicional como "crimen de guerra" despertó críticas. Formalmente, este tipo de crimen ocurre en contextos de conflicto armado con operaciones militares activas. Un senador y precandidato presidencial asesinado constituye un magnicidio, pero no encaja técnicamente en esa categoría. Además, se comprobó que el Estado, a través de la Unidad Nacional de Protección, incumplió con protocolos de seguridad que Uribe había solicitado reiteradamente días antes del atentado del 7 de junio.

La paz total, política en la que se le atribuyó a Cepeda ser el "arquitecto" hace cuatro años, se ha convertido en un tema incómodo que prefiere evadir. Los números hablan por sí solos: Colombia ha superado los 40.000 homicidios en los últimos tres años, los grupos armados aumentaron en 23% hasta alcanzar cerca de 27.000 combatientes, y en 2025 se registraron 193 enfrentamientos entre estructuras ilegales. Las masacres se multiplicaron (78 en 2025 con 256 víctimas) y los ataques con drones crecieron más de 50%. Organizaciones como Human Rights Watch han advertido que los ceses al fuego, pieza central de la estrategia, han sido incumplidos o mal verificados. Para críticos, la apuesta de negociar simultáneamente con múltiples actores generó dispersión institucional sin traducirse en desmovilizaciones reales ni reducción sostenida de violencia.

Su cercanía ideológica con regímenes como Cuba y Venezuela tampoco pasa desapercibida. Cepeda ha reivindicado públicamente a Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro en sus redes sociales. Cuando Coronell le preguntó sobre Cuba en su entrevista, respondió: "Cuba es un país que tiene un régimen político (...) algunos pueden calificarla como dictadura. Diría que en algunos aspectos han sido un gobierno que se han eregido sobre un concepto que es la dictadura del proletariado, el régimen de un partido. Pero también (Cuba) es un país que ha hecho una enorme contribución a la paz en Colombia". Frente a la pregunta directa sobre si es comunista, evadió: dijo que militó en el Partido Comunista por influencia familiar pero que ahora es un congresista en defensa de derechos humanos. Lo que molesta a sus críticos no es tanto su pasado, sino lo que ven como un doble estándar para condenar violaciones de derechos en gobiernos de derecha pero no en los de izquierda.

Finalmente, su relación política con exdirigentes de las FARC como Iván Márquez y Jesús Santrich sigue pesando. Aunque se reconoce que Cepeda actuó como puente en momentos clave del proceso de paz, su proximidad con estos comandantes tuvo un costo político alto cuando abandonaron el acuerdo en 2019 para rearmar la "Segunda Marquetalia". Esta ruptura no solo fracturó la narrativa de irreversibilidad del proceso, sino que coincidió con el aumento de disputas armadas, expansión de economías ilegales y persistencia de masacres. Para los críticos, Cepeda fue más que un facilitador: fue garante político de una interlocución que terminó fracasando, lo que hoy pesa sobre el balance tanto del acuerdo de 2016 como de negociaciones posteriores.