Un mes después de que Argentina suspendiera el pago de su deuda externa en julio de 2014, algo inesperado ocurrió: mientras los analistas advertían sobre caídas en el crecimiento y pérdida de empleos, el impacto real en la población ha sido mucho menor que en la crisis de 2001. Los verdaderos golpeados han sido los bancos y agentes de pago que facilitaban las transacciones, quedando atrapados entre el martillo del gobierno argentino y el yunque de los tribunales estadounidenses.

El drama se intensificó cuando el gobierno argentino revocó la autorización del Bank of New York-Mellon para operar en el país. Este banco era el encargado de procesar pagos para el 92,4% de los bonistas que habían aceptado una reestructuración de deuda años atrás. El banco había congelado 539 millones de dólares que Argentina intentaba desembolsar después de que un juez de Nueva York, Thomas Griesa, ordenara que nadie cobrara nada hasta que unos fondos de inversión demandantes, conocidos como "fondos buitre", recibieran el cien por ciento de lo que reclamaban. Estos fondos representan menos del 0,5% de todos los acreedores, pero lograron llevar al país a la cesación de pagos.

"Los bancos quedaron como el jamón del medio, están en una encrucijada", expresó Mario Blejer, expresidente del Banco Central argentino, al señalar que nunca había visto una situación similar. El Citibank, que también actúa como agente de pago, advirtió a la justicia estadounidense que podría perder su licencia bancaria en Argentina si continuaban las restricciones judiciales. Otros como JP Morgan, Euroclear y Clearstream se vieron obligados a solicitar claridad sobre qué harían cuando llegara el próximo vencimiento de deuda el 30 de septiembre.

Según Henry Weisburg, abogado experto en deuda soberana, los bancos enfrentan obligaciones contradictorias: por un lado deben pagar a sus clientes, pero por otro lado necesitan cumplir con lo que ordena la ley. Sin embargo, consideró inusual que una entidad financiera perdiera su licencia a causa de estos conflictos. Los fondos buitre, ganadores de la demanda contra Argentina, rechazaron cualquier compasión por los bancos, argumentando que estos eligieron hacer negocios con quien no respeta las leyes.

El juez Griesa convocó a una nueva audiencia para el 10 de septiembre, donde se esperaba que aclarara la situación de los bancos. Mientras tanto, la industria financiera internacional buscaba blindarse contra futuros conflictos similares. La Asociación Internacional de Mercados de Capitales anunció cambios en sus reglas para que una minoría de acreedores no pudiera bloquear acuerdos de reestructuración de deuda. En Argentina, el Senado aprobó en primera vuelta una iniciativa del gobierno para cambiar la sede de pago de bonos y así escapar de la jurisdicción estadounidense, una medida que amenazaba con abrir una nueva batalla legal si llegaba a sancionarse completamente.