A pocas semanas de dejar el poder, el gobierno de Gustavo Petro sigue siendo centro de controversia por un conjunto de decisiones que, según analistas e investigadores, beneficiaron directamente a las estructuras del crimen organizado en el país.

Las revelaciones publicadas por medios nacionales sobre privilegios entregados por el comisionado de paz al Clan del Golfo apenas en los primeros meses de administración sacaron a la luz un patrón preocupante. El entonces alto comisionado Danilo Rueda se reunió el 2 de septiembre de 2022 con Luis Pérez Castañeda, vocero político del Clan. En esa reunión, según grabaciones dadas a conocer por Noticias Caracol, el funcionario prometió "el cese de bombardeos y operaciones militares en su contra, la suspensión de extradiciones" y aseguró que había "una decisión de limpieza en la inteligencia policial, la depuración es compleja, pero se está haciendo".

Estos compromisos se extendieron a otros grupos ilegales. El gobierno impulsó 12 mesas de paz con distintas organizaciones criminales, pero ninguna concluyó en desarmes reales, confesiones de crímenes o reparación a víctimas. Las negociaciones permanecieron en el limbo sin que el Congreso aprobara una ley de sometimiento que le diera marco legal al proceso. Mientras tanto, los criminales continuaron delinquiendo: asesinando líderes sociales, secuestrando y cobrando extorsiones.

Los números del narcotráfico resultan alarmantes. Bajo esta administración, la erradicación forzosa de cultivos de coca cayó precipitadamente: de 68.893 hectáreas en 2022 a apenas 8.051 en 2025. En contrapartida, según monitoreo de la ONU, la siembra de coca creció de 230.000 hectáreas a 261.000 en 2024. La producción potencial de cocaína saltó de 1.738 toneladas anuales en 2022 a 3.001 toneladas en 2024, un crecimiento cercano al 73 por ciento.

En lo militar, el mandatario suspendió los bombardeos contra grupos armados ilegales desde agosto de 2022, lo que en teoría protegería a menores de edad pero en práctica congelaron todas las operaciones aéreas. Esto permitió que campamentos guerrilleros se reubicaran en lugares estratégicos de montañas, desde donde podían dominar territorios. Simultáneamente, el presidente removió 80 altos oficiales de la Fuerza Pública, perdiendo experiencia operativa crítica. El general Erick Rodríguez fue sacado apenas por señalar que las Farc carnetizaban votantes en elecciones.

La inteligencia del Estado sufrió un manejo que preocupa. La Dirección Nacional de Inteligencia tuvo cuatro directores durante el gobierno, todos exmiembros de la guerrilla del M-19 sin experiencia en el cargo. Según funcionarios de la entidad, los recursos se orientaron a "desmantelar un golpe de Estado imaginario" en lugar de combatir el crimen transnacional. Consecuencia: carteles como Los Balcanes, el Tren de Aragua y redes de narcos ecuatorianos multiplicaron su presencia en Colombia.

Las presiones sobre funcionarios salpicados por vínculos criminales fueron escasas. El general Miguel Huertas y Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la DNI, fueron suspendidos tres meses por la Procuraduría tras revelarse presuntos lazos con el Estado Mayor de los Bloques y Frente, pero Petro los respaldó públicamente y ambos continuaron en sus funciones. En el aire quedó la pregunta sobre si esa información filtrada facilitó las masacres de militares.

En el frente económico, el gobierno cortó 606.000 millones de pesos del presupuesto de Defensa para 2025, afectando combustible, software, arsenal y mantenimiento de helicópteros. El Comando reportó un déficit financiero cercano a 67 millones de dólares. Adicionalmente, Colombia fue suspendida del Grupo Egmont en septiembre de 2024 después de que el presidente divulgara sin autorización un informe confidencial de inteligencia financiera. Esa sanción debilitó aún más la lucha contra el lavado de activos que financia el crimen.