Las consultas interpartidistas dejaron ganadores pero también una realidad incómoda: Claudia López y Roy Barreras triunfaron en sus respectivas contiendas, pero cosecharon votaciones que no alcanzan ni de cerca lo que se esperaba para este tipo de procesos. López se impuso en la Consulta de las Soluciones con 574.670 votos sobre Leonardo Huertas, mientras que Barreras ganó en el Frente por la Vida con apenas 257.037 sufragios frente a Daniel Quintero. Los números, sin embargo, parecen insuficientes cuando se comparan con el desempeño de otros candidatos.

La brecha es evidente. El segundo lugar en la Gran Consulta, ocupado por el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, alcanzó 1.255.510 votos, duplicando lo que sumaron ambos ganadores de las otras consultas. En el caso de Barreras la situación es aún más delicada: candidatos que quedaron en tercero y cuarto lugar en la consulta de centro-derecha superaron sus números.

Ante este panorama, algunos en la política han pensado que López y Barreras podrían intentar abandonar sus candidaturas para apoyar a otros aspirantes con los que sienten más afinidad, como Sergio Fajardo o Iván Cepeda, quienes no participaron en las consultas. Pero aquí entra en juego la ley. La normativa electoral es clara y los deja sin salida.

La Ley 1475 de 2011, en su artículo 7, establece que "Los partidos y movimientos políticos y sus directivos, las coaliciones, los promotores de los grupos significativos de ciudadanos y los precandidatos que participaron en la consulta, no podrán inscribir ni apoyar candidatos distintos a los seleccionados en dicho mecanismo, con excepción de los casos de muerte o incapacidad absoluta del candidato así seleccionado". En otras palabras: ganaron la consulta y están obligados a quedarse.

Si alguno de los dos decidiera incumplir, las consecuencias económicas serían serias. El Consejo Nacional Electoral, según la misma ley, podría obligar a los partidos y candidatos a devolver proporcionalmente los recursos que la organización electoral gastó en el proceso de consulta. Incluso la norma alude a que estas decisiones podrían afectar la reposición de votos, una sanción adicional que puede resultar costosa en una campaña presidencial.

Las inscripciones para la primera vuelta cierran el viernes 13 de marzo, con la posibilidad de hacer ajustes hasta el 20 del mismo mes. Mientras tanto, se estima que unos 16 candidatos competirán en la primera vuelta, un número considerable si se tiene en cuenta que partieron de 91 precandidatos al inicio del proceso.