Hay una sensación que crece entre los colombianos, aunque muchos no logren explicarla con precisión: la de que casi todo terminó convertido en un cobro permanente. La luz, el agua, el aseo, los peajes, el alumbrado público, las fotomultas, los recaudos. No es un servicio aislado que aquí o allá cobre por sus servicios. Es una lógica que, poco a poco, fue atravesando buena parte de la vida cotidiana de millones de personas.

Esta incomodidad no es abstracta ni lejana. Se siente todos los días, especialmente en un país como Colombia, uno de los más desiguales del mundo, donde cerca del 82 por ciento de la población pertenece a los estratos 1, 2 y 3. Es decir, la mayoría del país no vive desde la tranquilidad económica, sino desde el esfuerzo constante por sostener lo básico. Por eso la verdadera pregunta no es técnica: ¿qué ocurre cuando una sociedad profundamente desigual empieza a organizar buena parte de su vida alrededor de cobros permanentes?

Durante años se nos dijo que las concesiones eran necesarias. Y probablemente, en muchos casos, sí lo fueron. A comienzos de los años noventa, el Estado colombiano no tenía cómo responder a muchas necesidades básicas. Faltaban recursos, capacidad para operar e infraestructura. El servicio de aseo era precario en muchas ciudades; la energía fallaba y muchos municipios simplemente no estaban en capacidad de asumir inversiones grandes. En ese contexto, la participación privada no fue un capricho. Fue una salida frente a una limitación real. La Constitución de 1991 y la Ley 142 de 1994 cambiaron las reglas del juego: el servicio seguía siendo público, pero podía ser operado por privados bajo regulación estatal.

Durante un tiempo eso funcionó. Se organizaron servicios, se ampliaron coberturas y se hicieron inversiones que muchos municipios no podían asumir solos. Pero lo que nació como una solución puntual empezó poco a poco a expandirse hasta convertirse en una estructura permanente. Sin que nos diéramos cuenta, llegó a todo: energía, aseo, gas, peajes, aeropuertos, alumbrado público, sistemas de recaudo, fotomultas, grúas, patios, tecnomecánica, amoblamiento urbano. Bajo distintas figuras y condiciones, pero bajo una lógica que se repitió una y otra vez: el Estado define, el privado ejecuta y el ciudadano paga. Y paga siempre.

El problema real no es pagar por un servicio. Ninguna sociedad funciona sin eso. La incomodidad aparece cuando el ciudadano siente que esos cobros casi nunca se revisan desde su realidad económica concreta. Porque Colombia no se convirtió, de repente, en una sociedad rica y próspera. La desigualdad siguió ahí. Los ingresos limitados siguieron ahí. Pero mientras eso ocurría, las tarifas, los peajes y los recaudos crecían, y cada vez más servicios pasaban por operadores privados. Cuando un modelo económico se expande sobre una sociedad profundamente desigual, aparece una pregunta incómoda: ¿quién termina soportando realmente el peso del sistema? La respuesta parece bastante evidente: el ciudadano común. El que paga energía, agua, aseo y gas con ingresos limitados. El que cruza peajes permanentemente. El que siente que una multa puede desestabilizarle el mes.

La discusión, entonces, deja de sentirse simplemente administrativa. Porque lo que está en juego no es solo cómo se prestan ciertos servicios. Lo que está en juego es la relación entre el Estado, el ciudadano y la manera en que se organiza la vida colectiva. Una sociedad puede aceptar pagar por servicios. Lo que difícilmente acepta es sentir que todo termina convertido en un cobro constante mientras la mayoría sigue viviendo con enormes dificultades económicas. Y ahí empieza a erosionarse algo más importante que una tarifa o un contrato: la confianza. La confianza en que el modelo sigue funcionando desde el interés general y no desde la necesidad de mantener estructuras que adquirieron vida propia.

Esto no quiere decir que todas las concesiones hayan sido errores. Probablemente muchas fueron necesarias en su momento. Pero precisamente porque lo fueron, el país debería tener hoy la capacidad de preguntarse con seriedad si las condiciones que las justificaron siguen existiendo en los mismos términos. Lo verdaderamente problemático no es que el Estado haya concesionado. Es que haya dejado de preguntarse, a tiempo, para quién y hasta cuándo.