El anuncio que hizo el presidente Petro en su cuenta de X encendió las alarmas en todo el sector energético. Su intención de liquidar Air-e "para lograr que sus activos configuren una empresa común con otra empresa pública caribeña" abrió más preguntas que respuestas. ¿Cuál sería el operador? ¿Quién pagaría las deudas? ¿Qué pasaría con los usuarios? El silencio a estas interrogantes es lo que mantiene a Atlántico, Magdalena y La Guajira en incertidumbre.

La empresa lleva casi dos años bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos. Lejos de sanear sus finanzas, el proceso las hundió más. Cuando el Gobierno asumió el control, Air-e debía 530 mil millones de pesos. Hoy, con seis interventores de por medio, esa deuda escaló a 2,3 billones. Los gremios energéticos, las cámaras de comercio y los usuarios organizados fueron claros: el anuncio carece de sustento jurídico. Una fusión con Gecelca requiere autorizaciones, trámites regulatorios y procesos corporativos que en condiciones normales toman años. Además, los acreedores tienen mecanismos legales para oponerse.

Pero el problema más inmediato es lo que pasaría en el instante mismo de la liquidación. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, fue directo: "El Gobierno estaría condenando a tres departamentos a estar apagados automáticamente al momento de la liquidación". Cuando la Superintendencia formalice el acto de liquidación, debe dejar de prestar el servicio y de vender energía. En términos prácticos, eso significa que 1,3 millones de hogares se quedarían sin luz de golpe. Hasta ahora, el Gobierno no ha hecho ninguna gestión para buscar un operador alternativo que tenga la capacidad de asumir el servicio.

Las distribuidoras estatales no son una opción viable. Son pequeñas y no tienen músculo financiero para absorber una empresa que pierde entre 150 mil y 200 mil millones de pesos cada mes. Asumir esos pasivos sería cambiar un problema por otro mayor. De los 2,3 billones que debe Air-e, 1,5 billones van a empresas térmicas generadoras, 420 mil millones a generadoras hidráulicas y 610 mil millones a transmisores y transportadores.

El riesgo no es solo regional. Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, explicó que la liquidación operaría una suspensión de las deudas contraídas por la empresa. Eso precipitaría el "apagón financiero" que ya habían advertido el operador del mercado eléctrico, la Contraloría General y la Procuraduría. La Contraloría, desde mayo pasado, había identificado las deudas millonarias de Air-e como uno de los seis riesgos críticos del sector. Generadores térmicos ya presentaron una demanda contra Colombia ante el Banco Mundial por cerca de 200 millones de dólares.

Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios de los Servicios Públicos del Caribe, resumió el fracaso con cifras contundentes: recaudo del 73%, uno de los peores del país, y pérdidas eléctricas cercanas al 31%. "En lugar de mejorar el perfil financiero de la empresa, la situación económica empeoró", dijo. El senador Carlos Meisel fue igual de crítico: en dos años nunca hubo una solución real. El Gobierno cambió de interventores más de cuatro veces sin encontrar una salida estructural. "Vienen improvisando y no buscan alternativas reales al tema", afirmó Meisel, quien advierte que se avecinan "épocas muy difíciles para las poblaciones de la región Caribe".

Queda sin respuesta la pregunta de quién asumirá los 2,5 billones adeudados a los generadores durante la intervención. Tampoco se ha aclarado cómo se podría concretar una fusión con Gecelca cuando Air-e tiene pasivos gigantescos que superan cualquier activo que posea. El timing también es cuestionable: Colombia entra en un período de El Niño que reducirá la capacidad de las hidroeléctricas para generar energía. La incertidumbre de una liquidación llega justo cuando el sistema necesita estabilidad, no caos.