El escándalo generado por una parranda vallenata dentro de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí tiene nombre y apellido: Sebastián Murillo Echeverry, conocido en el mundo criminal como Lindolfo. Este cabecilla habría orquestado el concierto donde se presentó el artista Nelson Velásquez el pasado 8 de abril, un evento que no solo suspendió las negociaciones del Gobierno con bandas del Valle de Aburrá, sino que también encendió las alarmas en círculos políticos y judiciales de Medellín.

La concejal Claudia Carrasquilla Minami, quien fuera directora de crimen organizado de la Fiscalía, reveló en entrevista radial el verdadero propósito de la fiesta: celebrar la próxima libertad de Lindolfo. "Él está solicitando la libertad por cumplimiento de pena de las tres quintas partes que le impusieron de 18 años por un homicidio. Esto, a razón de una reforma con la que es posible que alguien pida redención de condena por tres días de trabajo por dos de pena, y en ese orden de ideas, 'Lindolfo' alega que la presencia que ha hecho en la mesa de los diálogos sociojurídicos se le debe conmutar como trabajo", explicó Carrasquilla. Lo más preocupante fue que el evento, que aparentemente no contó con autorizaciones del Inpec, consumió 500 millones de pesos cuya procedencia legal generó dudas. El concejal Andrés Tobón, indignado, pidió que las autoridades corten relación con artistas que participen en eventos organizados por criminales y anunció un proyecto para restringir su contratación en eventos con dineros públicos.

Pero ¿quién es realmente Lindolfo y qué lo llevó a estar en una cárcel de máxima seguridad? Su historia judicial es tan oscura como violenta. El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín lo condenó el 27 de septiembre de 2018 a 18 años y seis meses de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía. En ese acuerdo aceptó cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas y ocultamiento de pruebas. Su captura ocurrió en febrero de 2018 en un apartamento del Poblado, cuando apenas rondaba los 32 años de edad.

Murillo Echeverry era uno de los cabecillas de la estructura mafiosa La Oficina, que opera en el Valle de Aburrá. Específicamente, lideraba la banda de Caicedo, el tentáculo de esa organización en el oriente de Medellín, dedicada al sicariato, tráfico de drogas y armas, secuestros, extorsiones y desplazamientos. En el marco de su preacuerdo, confesó su participación en varios crímenes graves. El primero fue coordinar el asesinato de José Ocampo Obando, conocido como Pelusa, un exmiembro del cartel de Medellín de 78 años, quien fue ejecutado por sicarios el 22 de abril de 2017.

También reconoció el tráfico de armas hacia Cartagena, donde su banda pretendía instalar una célula criminal. El 3 de marzo de 2017 la Policía incautó un cargamento de cuatro pistolas y dos revólveres ocultos en un vehículo que transitaba por la vía Las Palmas. Además, ordenó el ocultamiento del cadáver de Elkin David Andrés Agudelo Gallego, alias Gnomo, un miembro de su facción que se suicidó jugando ruleta rusa el 24 de abril de 2017. Para no dejar rastros que llevaran a su guarida en Envigado, sus hombres metieron el cuerpo en una maleta y lo abandonaron en la Loma del Escobero.

Lo sorprendente en el perfil de Lindolfo es que durante años vivió una doble vida de proporciones cinematográficas. Era empresario y figura de la farándula nacional, frecuentaba espacios exclusivos codeándose con reinas y modelos, mientras simultáneamente administraba una de las organizaciones criminales más violentas de la región. Esto no es casualidad: es heredero de Rodrigo Murillo Pardo, un comerciante fallecido que tuvo nexos con el cartel de Medellín y fue dueño de la cadena Almacenes y Joyerías Felipe, muy popular en los años 80. Una herencia que pasó de negocios legales a imperios de sangre y dinero sucio.