La situación se complica cada vez más para Lili Pink y su empresa operadora, Fast Moda S.A.S. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó que la compañía enfrenta un panorama desalentador luego de quedar bajo control estatal tras un proceso de extinción de dominio. Las investigaciones están vinculadas a presuntos delitos de lavado de activos y contrabando, lo que ha generado una ola de desconfianza en el sector.

La noticia más preocupante es que los dueños y administradores de centros comerciales están cancelando masivamente los contratos de arrendamiento de los locales donde operan estas tiendas. Hasta ahora se cuentan 87 solicitudes de terminación unilateral de contratos, sin contar otros requerimientos adicionales que buscan aclarar detalles del proceso judicial. Es un golpe contundente para una empresa que hace poco tiempo era parte del paisaje comercial de muchas ciudades colombianas.

Lo más delicado de todo esto es el impacto humano. Según la SAE, alrededor de 260 personas dependen económicamente de la operación de Fast Moda. Se trata principalmente de mujeres cabeza de hogar y madres de familia que podrían quedarse sin ingresos si los establecimientos cierran. Además, otros proveedores de servicios, incluyendo aliados financieros y jurídicos, también han suspendido contratos con la compañía tras conocerse del proceso judicial.

Por el momento, el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), a través de la SAE, mantiene a la empresa bajo administración especial. Un administrador designado está encargado de preservar los activos mientras avanzan las investigaciones y se realiza un análisis integral de la situación financiera, contractual y laboral.

Las autoridades no se quedan de brazos cruzados. La SAE aseguró que la estabilidad laboral de los empleados es una prioridad institucional y ha establecido mesas de trabajo con el Ministerio de Trabajo para explorar alternativas que permitan mantener la operación y salvaguardar los empleos. De momento, las tiendas continúan abiertas funcionando bajo parámetros de legalidad y transparencia mientras avanza el proceso judicial contra la reconocida cadena de ropa.