La fricción entre el Gobierno y el Congreso llegó a un punto de quiebre cuando Lidio García Turbay, presidente del Senado, respondió con dureza a los reclamos del presidente Gustavo Petro. El mandatario había pedido investigar las ausencias de congresistas que estancaban proyectos prioritarios como la reforma a la salud, la jurisdicción agraria y el Código Minero. La respuesta del senador no se hizo esperar y fue contundente.

García Turbay fue claro en su posición: "usted no tiene competencia para verificar quórum ni fiscalizar las asistencias de los congresistas". Con esa frase dejó establecido un límite que considera fundamental. El presidente del Senado enfatizó que el Congreso es una rama autónoma e independiente, y que los asuntos internos como el control de asistencias no son responsabilidad del Ejecutivo. "El Gobierno puede enviar mensajes de urgencia, y los tramitaremos conforme a la ley. Pero la vigilancia de las asistencias es asunto interno nuestro", manifestó.

La solicitud original había llegado a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, pidiendo a los presidentes de ambas cámaras que aplicaran sanciones por ausencias, enviaran listas al Consejo de Estado y activaran procesos disciplinarios, incluso con posibles descuentos salariales y pérdida de investidura. Petro argumentaba que las inasistencias reiteradas violaban la Constitución y afectaban directamente la aprobación de sus proyectos legislativos.

Desde la perspectiva del Gobierno, el problema es real: las reformas avanzan lentamente, y atribuyen parte del problema al contexto preelectoral y a las ausencias sistemáticas de legisladores. Pero desde el Senado, la posición es clara: cualquier intento del Ejecutivo por intervenir en funciones internas es considerado una intromisión inaceptable.

García Turbay reiteró que el Senado está dispuesto a debatir los proyectos prioritarios "dentro del marco constitucional", pero no cederá en su autonomía ni permitirá que el Ejecutivo fiscalice temas que considera responsabilidad exclusiva de la corporación legislativa. Este cruce de mensajes evidencia cómo las tensiones políticas y los conflictos de competencias entre ramas del poder se intensifican justo cuando más se necesita la colaboración para avanzar en la agenda legislativa del país.