En Cartagena crece la inquietud entre líderes sociales y defensores de derechos humanos por una situación que los tiene en vilo: hace aproximadamente un mes dejaron de llegar las visitas de seguridad que la Unidad Nacional de Protección (UNP) realizaba de manera periódica para verificar el estado y las condiciones de quienes reciben medidas de protección estatal. Hasta ahora, nadie ha explicado por qué.

La suspensión de estas visitas preocupa especialmente porque muchos de estos líderes están expuestos a situaciones de riesgo derivadas de su trabajo en defensa de derechos y asuntos comunitarios. Uno de los denunciantes, quien prefirió guardar su identidad, fue directo en su preocupación: "Preocupa que esto suceda debido a que muchos de los líderes manejan casos de algún riesgo, lo que los deja a expensas de cualquier persona". El comentario refleja el sentimiento de desprotección que invade a quienes creían contar con un acompañamiento constante del Estado.

Aunque no hay cifras precisas sobre cuántos activistas reciben este servicio en la ciudad, quienes levantaron la voz consideran que estas visitas son más que un trámite: son un mecanismo real de prevención y de tranquilidad para quienes ya enfrentan amenazas. Su interrupción sin comunicación previa los deja en una situación de incertidumbre total.

Los denunciantes han hecho un llamado directo al Gobierno Nacional y a la UNP para que salgan del silencio. Piden explicaciones claras sobre qué pasó con el programa y, lo más importante, que restablezcan las visitas cuanto antes. Hasta el momento, la Unidad Nacional de Protección no ha respondido sobre esta situación. Se espera que la entidad entregue una explicación oficial sobre cómo continuará este esquema de acompañamiento en Cartagena.