En medio de la controversia que rodeó el intento de crear una Asamblea Nacional Constituyente en el Gobierno Petro, salió a la luz una confluencia de responsabilidades en una sola persona: Armando Custodio Wouriyú Valbuena. Este líder indígena no solo fue designado como vocero del comité promotor para la Constituyente, sino que también fue quien recibió en su cuenta bancaria personal los dineros que el presidente Petro pidió a los colombianos aportar para financiar la recolección de firmas. Pero hay más: Wouriyú es también el representante legal del Territorio Indígena Wuinpumüin, ubicado en la zona norte extrema de la Alta Guajira, que fue delimitado oficialmente en junio de 2026 abarcando 257.000 hectáreas, equivalentes a unos 2.700 kilómetros cuadrados dentro del municipio de Uribia. El periodista Melquisedec Torres denunció esta acumulación de responsabilidades en redes sociales, levantando las primeras alarmas sobre los posibles conflictos de interés.

La Agencia Nacional de Tierras aclaró en un comunicado de junio que el proceso de delimitación comenzó formalmente el 26 de noviembre de 2025, cuando el propio Wouriyú presentó la solicitud. Para realizarlo, la ANT trabajó con el DANE, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Ministerio del Interior, incluso realizaron una visita técnica al territorio entre marzo de 2026. La agencia enfatizó un punto central en el debate: "La delimitación realizada no crea una nueva entidad territorial indígena, no modifica los límites de los municipios existentes, no altera la división político-administrativa del país ni afecta las competencias de las autoridades actualmente constituidas". Sin embargo, Torres y otros críticos sostienen exactamente lo contrario: que el proceso avanza hacia la creación de un ente territorial que, en la práctica, le quitaría casi la tercera parte del territorio a Uribia, municipio que tiene cerca de 45.000 habitantes.

El instrumento jurídico que genera mayor preocupación es el Decreto 482 de 2025, expedido por el Gobierno Petro para "poner en funcionamiento el territorio". Los críticos argumentan que crear o delimitar un territorio indígena con carácter de ente territorial debería requerir un proceso legislativo en el Congreso, no simplemente un decreto ejecutivo. Este es el nudo del desacuerdo sobre si se está modificando la división administrativa del país sin pasar por el camino institucional correspondiente.

Respecto a la cuenta bancaria que generó cuestionamientos, Wouriyú explicó que cumplía los requisitos que exigía el banco según el mandato de la Registraduría Nacional. "Yo no puedo disponer de esa cuenta, tengo que cumplir con unos requisitos y unos controles de la Registraduría Nacional. Incluso, eso tiene una supervisión del Consejo Nacional Electoral", aseguró. La meta de recaudo que anunció fue de 2.060 millones de pesos para logística de recolección de firmas. A El Tiempo le señaló: "Ese dinero será usado para avanzar en el proceso de recolección de firmas, hasta el momento no nos ha entrado dinero" y aclaró que se destinaría a "imprimir formatos, para comprar bolígrafos... hay que pagar la impresión, el soporte y los costos necesarios".

Wouriyú tiene una larga trayectoria en liderazgo indígena. Es técnico en mantenimiento mecánico, fue concejal en Manaure por el movimiento Cívico Wayuu y secretario de educación municipal. También presidió la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y fue secretario de la Comisión Étnica para la Paz, que participó en la firma del capítulo étnico del Acuerdo Final con las extinto Farc. Su recorrido incluye episodios de persecución laboral que lo obligaron a abandonar La Guajira temporalmente.

En sus intervenciones públicas, Wouriyú presentó la propuesta constituyente como una "actualización" de la Constitución de 1991, aunque los cambios que planteó eran sustanciales: reforma al cambio climático, gobernanza tecnológica, justicia, salud, educación, reforma agraria, reconocimiento de la tierra como derecho de campesinos e indígenas, reforma política electoral, transformación del modelo económico, cambios al Banco de la República y ordenamiento territorial. "La constitución del 91 es útil, dio un salto necesario, pero hay unos atrasos... que hay que actualizar", expresó en Blu Radio, aunque también reconoció: "Todavía no está resuelto, por ejemplo, la reforma rural integral, el tema de justicia... eso hay que hacer la adecuación necesaria". El comité buscaba recolectar cerca de cinco millones de firmas, cuando el mínimo legal ronda los 2,3 millones.

El abogado penalista Julián Lara, consultado por EL COLOMBIANO, opinó que la invitación de Petro a aportar dinero para la Constituyente "es legal, pero es más una estrategia para mostrar que está sacando plata del Gobierno para esa campaña y promover un enunciado de que no son recursos públicos. La otra es ver quién va a consignar plata a esa cuenta". La iniciativa incluso se llevó a actos políticos en ciudades como Medellín, donde se recolectaban firmas bajo pendones que rezaban: "Cuando el sistema no sirve, el pueblo lo cambia".