En estos días está en marcha uno de los procesos de licitación más importantes que se haya convocado en el país en materia de seguridad. Con un presupuesto cercano a los $200 mil millones, el contrato busca cubrir las necesidades de vigilancia del SENA en sus cinco regionales, pero ya ha empezado a generar ruido en los pasillos de la administración pública.

El inconveniente está en los pliegos de condiciones, esos documentos donde se detallan los requisitos que deben cumplir las empresas que quieran participar. Según lo que han observado analistas y empresas del sector, las exigencias son muy particulares, casi quirúrgicamente específicas. Se pide, por ejemplo, un general en retiro que tenga título tanto en seguridad como en ingeniería, que sea experto en gerencia humana, que cuente con seminarios en derechos humanos, diplomado en gerencia, una maestría en seguridad y nada menos que cinco años como consultor de seguridad. Ah, y que la persona tenga mínimo un año trabajando en la empresa que presenta la propuesta.

Esa combinación de requisitos es lo que ha levantado las cejas. Varios sectores consideran que estas condiciones tan específicas pueden cerrar la puerta a muchas empresas legítimas de seguridad que de otra manera podrían competir en igualdad de condiciones. El problema se repetiría en varias de las cinco regionales del SENA, según se ha reportado.

Mientras avanza el cronograma de adjudicación bajo la dirección de Jorge Eduardo Londoño, el director del SENA, hay voces que piden un mayor seguimiento de los organismos de control. En contextos electorales como el actual, procesos de esta envergadura económica siempre despiertan cuestionamientos legítimos sobre su transparencia y equidad.