La liberación de Diego Manuel Guzmán, conocido en las calles como "El Cuervo", ha dejado un sabor amargo en la opinión pública. El hombre fue capturado en flagrancia durante los enfrentamientos que se presentaron en las inmediaciones de la Universidad de Antioquia, acusado de ser el encapuchado que disparó contra la Fuerza Pública. Sin embargo, recuperó su libertad en cuestión de horas debido a vacíos en la ley que muchos desconocen.

Lo que sucedió fue que cuando las autoridades lo detuvieron mientras viajaba en taxi cerca al campus universitario, lo incautaron un arma. Pero aquí viene lo determinante: los laboratorios forenses analizaron el elemento y concluyeron que se trataba de un arma traumática, no de fuego convencional.

Según explica el abogado penalista Andrés Arteaga Franco, esto fue crucial para lo que pasó después. En Colombia, "el porte de armas traumáticas no configura un delito, siendo esto una conducta atípica", aclara el experto. Dicho de otra forma, aunque Guzmán llevaba un arma, legalmente no estaba cometiendo un crimen por solo portarla. Eso dejó a la Fiscalía sin piso legal para presentarlo ante un juez dentro de las 36 horas siguientes al arresto, el plazo que marca la ley. Sin ese delito claro, simplemente no había caso que llevar ante los tribunales.

Pero la historia no termina ahí. La investigación sigue viva y la Fiscalía no lo ha exonerado de nada. Lo que están haciendo ahora es analizar videos de seguridad para verificar si las características físicas de Guzmán coinciden con las del encapuchado que aparece disparando a tanquetas y patrullas durante los disturbios. Arteaga Franco también señala que en ese momento "con los elementos materiales probatorios con que se contaba, no se podría identificar que esta persona fuese la que estuviese disparando a los policías el día de los disturbios".

Si la investigación logra establecer que efectivamente fue él quien disparó, las cosas cambiarían drásticamente. Guzmán podría enfrentar cargos por violencia contra servidor público, con penas mínimas de 4 años de cárcel, o incluso por tentativa de homicidio, que llevaría condenas de hasta 8 años. Además, podrían sumarse otros delitos como lesiones personales o porte ilegal de armas tradicionales, dependiendo de lo que la Fiscalía compruebe en las próximas semanas. Por ahora, está libre, pero no seguro.