La historia que parecía confirmarse a través de un video grabado en un apartamento del norte de Bogotá terminó sin las acusaciones que inicialmente despertó. Un juez ordenó dejar en libertad al ciudadano estadounidense que había sido capturado, después de que durante las audiencias quedara claro que no había pruebas suficientes para imputarle delito alguno ni para legalizar su captura.

Todo comenzó cuando vecinos del sector de Navarra, en Usaquén, creyeron ser testigos de un abuso sexual en el balcón de un edificio. Grabaron videos, gritaron desde la calle, y la situación escaló rápidamente. La Policía de Infancia y Adolescencia entró al apartamento y encontró a tres menores de 4, 7 y 15 años. Solo después se supo que el estadounidense estaba con ellos en el marco de un proceso legal de adopción.

La reacción fue inmediata y masiva. Autoridades y líderes políticos rechazaron lo que parecía estar sucediendo. El presidente Gustavo Petro se pronunció en redes sociales asegurando, sin explicar sus fuentes, que se trataba de un "pedófilo estadounidense" y de un hombre "de derecha" en Estados Unidos. Medios internacionales también cubrieron la historia desde Colombia.

Sin embargo, los exámenes médicos, psicológicos y forenses realizados en el Hospital Simón Bolívar cambiaron el panorama. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, confirmó que de manera preliminar no existen indicios de violencia sexual física contra los tres menores. El presidente Petro luego aclaró en X que el hombre había sacado al niño al balcón por un problema de asfixia mientras comía, no por lo que las imágenes hacían parecer.

Migración Colombia había reportado desde el inicio que el ciudadano no tenía antecedentes penales cuando ingresó al país ni figuraba en alertas internacionales sobre abuso sexual de menores. Esa información quedó opacada por la velocidad de la viralización.

Los tres hermanos permanecen bajo protección del ICBF tras recibir atención integral. Aunque el estadounidense recuperó su libertad y los exámenes preliminares descartaron abuso físico, las autoridades mantienen la investigación abierta para analizar otros elementos y determinar si hubo alguna vulneración de derechos.