En el Congreso se juega a contrarreloj uno de los proyectos más polémicos del Gobierno: la ley que crearía la Jurisdicción Agraria en Colombia. Aunque la Cámara de Representantes logró sortear los primeros obstáculos y aprobó el informe de ponencia hace poco, la iniciativa enfrenta un panorama mucho más turbio en el Senado, donde la oposición ha plantado una estrategia clara para evitar que salga adelante.

El nudo del asunto está en el artículo noveno de la propuesta. Este apartado entregaría a la Agencia Nacional de Tierras poderes para resolver directamente ciertos conflictos agrarios sin necesidad de que pasen primero por los juzgados. En teoría, el Gobierno podría tomar decisiones rápidas sobre estos conflictos y, si alguien se opone, podría demandarse después ante los jueces. Sin embargo, sectores de la oposición ven esto como una puerta abierta para lo que tanto temen los terratenientes del país: una expropiación express de predios decidida de manera unilateral por el Ejecutivo.

Esta preocupación es seria. Varios senadores de oposición e independientes han decidido usar la treta que ya funcionó una vez: dañar el quórum en las sesiones plenarias. El objetivo es simple: impedir que el Gobierno cuente con las mayorías necesarias para aprobar el proyecto antes del 20 de junio, fecha en que termina la legislatura actual.

En contraste, en la Cámara el ambiente parece más constructivo. El representante Gabriel Becerra, coordinador ponente de la iniciativa, celebró la aprobación del informe de ponencia y explicó que se conformó una mesa técnica para abordar los puntos conflictivos. "Después de meses y más de un año de haber sido aprobada la ley en primer debate, hemos logrado construir un acuerdo para aprobar el informe de ponencia, avanzar en una discusión que nos permita retomar algunos puntos polémicos para lograr la votación que no tienen proposiciones o los que ya fueron avalados", señaló.

Esta mesa técnica tendrá como tarea principal buscar un texto de acuerdo sobre el polémico artículo noveno para presentarlo en la próxima sesión. Becerra enfatizó que la jurisdicción agraria es fundamental: "La Jurisdicción Agraria es un derecho que le asiste a los campesinos y a la sociedad para garantizar justicia en el campo".

El tiempo se agota. Si el proyecto no logra aprobarse en sus debates finales antes del 20 de junio, simplemente se hundiría. Ya ha pasado dos legislaturas completas en el Congreso, y según la normatividad vigente, ese es el límite máximo que tiene una ley ordinaria para ser aprobada. Lo que suceda en los próximos días podría definir si los campesinos colombianos tendrán o no una herramienta judicial propia para resolver sus conflictos de tierra.