Laura Sarabia, la embajadora colombiana ante Reino Unido, quedó en el centro de la controversia este lunes durante una audiencia judicial contra Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Su nombre sonó en el juzgado cuando el fiscal Elkin Ardila Espinosa explicaba cómo se ocultaron gastos de campaña que nunca fueron reportados correctamente ante las autoridades electorales.

Lo que complicó a Sarabia en la diligencia fue una factura por 27 millones de pesos. La Fiscalía cuenta que el documento fue emitido a nombre de Roa, pero fue enviado al correo lauri.sarabia@gmail.com y pagado en efectivo. Este evento ocurrió el 6 de abril de 2022 en un hotel del norte de Bogotá. Según el fiscal, en ese momento Sarabia trabajaba como coordinadora de logística y secretaria en la campaña presidencial.

El fiscal fue claro en su argumento: "La factura fue expedida en nombre de Ricardo Roa Barragán con la misma dirección (...) y notificada al correo lauri.sarabia@gmail.com y la forma de pago fue en efectivo. Al verificar, evidentemente corresponde a la señora Laura Camila Sarabia Torres, quien ejercía labores para la primera vuelta como coordinadora de logística y secretaria". El investigador enfatizó que aunque el pago fue en efectivo, eso no elimina la obligación de reportar estos gastos a través de los canales oficiales.

Mientras tanto, Roa compareció ante el juez 35 Penal Municipal de Bogotá y rechazó todas las acusaciones. "No acepto los cargos y me declaro inocente", fueron sus palabras en la audiencia. La Fiscalía sostiene que durante la primera vuelta electoral, la campaña reportó gastos de 28.384 millones de pesos, pero los investigadores calculan que realmente gastó 29.924 millones, superando el tope legal de 28 mil millones en casi 1.400 millones de pesos.

Lo delicado es que no se trata de un solo gasto escondido. La investigación encontró movimientos por 1.193 millones que no fueron reportados o fueron reportados a medias en el sistema oficial llamado Cuentas Claras. También hay bajo análisis pagos a empresas como Mi Colombia Travels por eventos en hoteles conocidos, un préstamo de 500 millones del Polo Democrático Alternativo que no fue registrado formalmente, y gastos de la Unión Sindical Obrera por más de 290 millones en logística y actividades proselitistas.

En segunda vuelta, el panorama es similar. La Fiscalía calcula que la campaña gastó 17.623 millones de pesos, cuando el límite era 13 mil millones, lo que significaría un exceso de 276 millones. Roa también enfrenta otro frente judicial por presunto tráfico de influencias relacionado con la compra de un apartamento en el barrio El Chicó.