Las redes sociales pasaron de ser simples escaparates de fama y consumo a convertirse en canales privilegiados para mover dinero ilícito. Una investigación de InSight Crime desenterró cómo influencers en Colombia, Brasil y México están siendo utilizados, muchos quizás sin saberlo, para lavar dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades criminales. El sistema es relativamente simple pero difícil de detectar: los creadores de contenido reciben ingresos por publicidad, donaciones, colaboraciones y rifas, fuentes monetarias que rara vez son auditadas a fondo. Mientras eso ocurre, el despliegue de lujo ostentoso, desde autos de alta gama hasta mansiones y joyas, no genera sospecha porque la audiencia lo ve como parte natural del éxito en las redes. Aquí está la clave: cuando la sociedad normaliza que un creador tenga una vida de opulencia sin cuestionarse de dónde viene el dinero, el origen ilícito simplemente desaparece del debate público.

El caso que encendió las alarmas regionales ocurrió en Brasil. El 15 de abril, autoridades capturaron al influencer Chrys Dias en la operación "Narco Fluxo", acusado de integrar una red de lavado de dinero vinculada al Primer Comando Capital, la organización criminal más poderosa del país. Dias tenía más de 14 millones de seguidores en Instagram y fungía como mánager de MC Ryan SP, un cantante de funk muy popular en Brasil, quien también fue detenido. Su esposa, la influencer Débora Paixão, fue capturada días después. En total, 36 personas fueron arrestadas en nueve estados brasileños. Según las autoridades, la red movió alrededor de 1.600 millones de reales, aproximadamente 320 millones de dólares, desde 2023. Las investigaciones se enfocaron en las rifas que Dias promovía, donde ofrecía apartamentos, efectivo, motos y vehículos nuevos. Horas antes de su captura, había anunciado la rifa de un apartamento valuado en 200.000 reales.

El patrón se repite en nuestro país. La Fiscalía colombiana acusó al influencer Javier Arias Castañeda, conocido como Javier Arias Stunt, de lavar dinero del narcotráfico a través de rifas de inmuebles, motos y carros. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a 64 influencers por usar rifas y contratos publicitarios para blanquear dinero de estructuras como el Cartel de Sinaloa.

Las rifas se convirtieron en la principal bandera roja para detectar lavado de activos. El esquema es ingenioso: Luisa María Acosta, experta en flujos financieros y lavado de activos en Colombia, explicó a InSight Crime que "pueden decir que vendieron mil boletas, por ejemplo, cuando realmente solo les compraron 100. Las otras 900 corresponden a dinero que están lavando". La falta de transparencia hace imposible saber realmente cuántas boletas se vendieron, a qué precio y a quién. Otra modalidad ocurre cuando una organización criminal entrega dinero a un influencer como donación, y este lo devuelve como premio de rifa. Los pagos pequeños también funcionan: al fragmentar las transacciones en montos que no activan alertas en los bancos, los influencers evitan que operaciones sospechosas sean reportadas. Criptomonedas y billeteras virtuales complican aún más el seguimiento del dinero. Raramente actúan solos: abogados, contadores y notarios integran estas redes, dándole apariencia de legalidad a todo.

¿Por qué funciona? Porque un influencer con cinco carros de lujo, tres mansiones, ropa cara y joyas luce completamente normal ante sus seguidores. Como resumió Acosta, "para la sociedad es muy normal que un influencer tenga cinco carros de alta gama, tres mansiones y se vista con ropa lujosa y joyas. Nadie se pregunta de dónde viene ese dinero porque socialmente es aceptable". El problema se agrava porque casi ningún país de la región tiene leyes específicas que regulen la profesión de influencer ni los reconozcan como sujetos obligados a someterse a control financiero. Colombia y Brasil focalizan la prevención del lavado de activos en sectores tradicionales como finanzas, inmobiliaria y compraventa de vehículos, dejando entretenimiento, deportes, artes y redes sociales fuera de la mira. Brasil es excepción: en enero de 2026 promulgó una ley regulando la profesión multimedia que incluye a influencers, y debate otro proyecto para incluirlos como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.

En Colombia, la Dian ya pone el ojo. Katherin Díaz Velilla, exfuncionaria de la entidad y estratega en tributación digital, reveló que cuando revisaron a los 50 influencers más grandes, solo 4 tenían sus cuentas tributarias en orden. La Dian usa tres rutas para fiscalizar: los giros internacionales de plataformas como YouTube, Meta, TikTok y Spotify quedan registrados en el sistema cambiario; información de cuentas en AdSense, PayPal o Stripe llega a través del estándar Common Reporting Standard con 125 países (en 2024 recibieron datos de más de 100 naciones); y las propias redes sociales como prueba. Un viaje en jet privado, una villa de lujo o un reloj de edición limitada publicados en Instagram pueden evidenciar capacidad económica que no coincide con lo declarado. Los influencers deben declarar renta sobre todos sus ingresos, pagar IVA si facturan publicidad a empresas colombianas, y reportar activos en el exterior. En marzo de 2025 se presentó un proyecto de ley en el Senado que crearía un registro nacional obligatorio para creadores, impondría un 2% sobre ingresos publicitarios digitales, retención en la fuente y obligaría a etiquetar publicidad pagada.

En Colombia, algunos casos han sacudido la opinión pública. Elizabeth Loaiza y Yeferson Cossio promocionaron Daily Cop, presentado como la primera criptomoneda colombiana, que resultó siendo una estafa masiva. Yeferson Cossio y Mauricio Gómez, La Liendra, aparecieron publicando a Real Business S.A.S., una compañía intervenida por captar dinero ilegalmente, según documentos expuestos tras un hackeo a la Fiscalía. En 2022, según el portal Fucsia, se conoció de uno de los operativos más grandes contra creadores de contenido de varias regiones vinculados al lavado del narcotráfico, aunque los nombres nunca se hicieron públicos. Daneidy Barrera, Epa Colombia, recibió una visita de la unidad de lavado de activos para verificar la legalidad de su negocio sin hallarse irregularidades, pero quedó nuevamente bajo escrutinio después de que Yoli Álvarez declarara que tendría ingresos de lavado de dinero.