Parece que el presidente Gustavo Petro seguirá hasta el final de su mandato con un estilo desafiante y confrontacional con las instituciones. Pero la realidad es que varios organismos del Estado, mediante fallos judiciales y posturas claras, le han tenido que recordar dónde están los límites de su poder. En estos últimos meses se ha ido armando un mapa cada vez más definido de lo que puede y no puede hacer, desde restricciones a sus discursos hasta confrontaciones con el Banco de la República.

El episodio más reciente vino del Consejo de Estado, que dejó en firme un fallo limitando las alocuciones presidenciales. El tribunal determinó que estos espacios no pueden usarse para emitir opiniones que afecten el derecho a la información de los ciudadanos ni para alterar las reglas del juego democrático. En otras palabras, el presidente puede hablarle al país, pero dentro de parámetros que garanticen equilibrio informativo y respeto por terceros. Según la decisión, "La facultad para dirigirse a la Nación mediante alocuciones (...) no es irrestricta ni absoluta (...) un ciudadano no puede ser obligado a recibir información que no desea". La respuesta del presidente fue típica: acusó al Consejo de frenar la pluralidad informativa y escribió en X que "Algún día habrá una justicia progresista que le haga honor al Estado social de derecho y no a los dueños de RCN y Caracol".

Otra confrontación importante sucedió cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al mandatario retractarse por sus acusaciones sin pruebas de fraude electoral contra la Registraduría. Petro había hablado de fraude en las elecciones legislativas de marzo y en otros años, pero el tribunal determinó que sus afirmaciones eran falsas. El presidente nuevamente rechazó la orden y apeló a la objeción de conciencia.

Los decretos presidenciales también han sufrido frenos de consideración. Esta semana la Corte Constitucional tumbó el Decreto 1390 de 2025, con el que el Gobierno había declarado la emergencia económica, y no solo dejó sin efecto esa decisión sino que ordenó devolver 25 mil millones de pesos recaudados. Los impuestos directos e indirectos, como el IVA a licores y juegos de azar, deben ser reintegrados a quienes los pagaron. El Gobierno Petro respondió que en realidad esos impuestos no se habían cobrado de forma masiva, sino que solo se logró recaudar de deudores antiguos que recibieron beneficios tributarios.

En otra ocasión, durante la conmoción interior, la Corte tumbó el Decreto Legislativo 0131 del 5 de febrero de 2025, mediante el cual el Ejecutivo pretendía redirigir recursos del Sistema General de Regalías hacia proyectos en zonas afectadas por violencia, incluyendo el Catatumbo y Cúcuta. Lo rechazaron porque le faltaba la firma correcta de todos los ministros, como exige la Constitución.

El pulso más visible ahora está con el Banco de la República. A diferencia de las cortes, aquí no hay un fallo judicial pero sí una postura institucional firme. En medio de críticas presidenciales a las decisiones sobre tasas de interés, Leonardo Villar, gerente del Banco, pidió moderar el lenguaje y enfatizó que con el aumento de la tasa de intervención monetaria no se está "cometiendo un genocidio ni se está matando a una población", en respuesta a señalamientos del mandatario. Es la primera vez que se tensan tanto las relaciones con el Emisor, y es la primera vez que el Gobierno se retira de la junta del banco, lo que evidencia el nivel de desacuerdo.

Todos estos fallos y posiciones terminan por entrelazarse en un mismo escenario: el del sistema de pesos y contrapesos funcionando para delimitar el margen de acción del presidente, recordando que incluso en las llamadas "primeras veces" del Gobierno Petro, las instituciones siguen cumpliendo su rol de vigilancia constitucional.