Aunque la Constitución colombiana establece la separación entre religión e instituciones públicas, es innegable que las iglesias están ganando influencia en la dirección que tomará el país. En el contexto político actual, líderes cristianos y católicos se han propuesto formar la conciencia electoral de los ciudadanos apuntando hacia lo que consideran el bien común y la "sana doctrina".

La participación de estas instituciones religiosas se justifica, según sus defensores, en el papel que juegan en la mediación de diálogos de paz, la orientación moral y social, e incluso en movimientos de fe que se han convertido en fuerzas políticas con representación en el Congreso. Desde esta perspectiva, la postura oficial de la iglesia en defensa de la fe incide directamente en los escenarios del poder público.

Colombia atraviesa una coyuntura política compleja. El país está polarizado, dividido entre posiciones irreconciliables. La violencia campea, la inseguridad ciudadana persiste, el narcotráfico sigue siendo una realidad, la criminalidad crece y la desigualdad social se expande. Es en medio de esta crisis donde la iglesia reclama un papel protagonista.

Desde esta visión religiosa, los miembros de las iglesias con "mucho sentido ético y de fe" exigen a quienes aspiran a gobernar los próximos cuatro años que defiendan la vida humana, la familia, los niños y adolescentes, la libertad, la convivencia pacífica, la justicia social y la solidaridad. Los evangélicos y cristianos tienen sus propias convicciones sobre qué tipo de país quieren y apuestan por transmitirlas a través de la política.

La iglesia argumenta que su participación en asuntos políticos es legítima porque las decisiones del Estado impactan directamente en la familia, la educación, la salud y el bolsillo de los colombianos. Por eso, sin miedo y usando todos los canales disponibles, está orientando la opinión nacional hacia aquellas propuestas que considera que responden mejor al bien común según la doctrina religiosa.

Para quienes respaldan este protagonismo eclesiástico, el futuro del país y de las próximas generaciones están en juego. La fe y la moral cristiana, consideran, deben aplicarse en todas las dimensiones del desarrollo nacional, incluyendo la política. Es donde se aprueban las leyes que mejoran o empeoran la calidad de vida de los colombianos, según esta perspectiva.