Las finanzas del país están en apuros. Lo que hace unos años era una advertencia de analistas económicos se convirtió en una realidad que ya nadie puede negar. Colombia enfrenta una crisis fiscal profunda que afecta la estabilidad económica y limita la capacidad del gobierno para invertir en lo que realmente importa: educación, salud, seguridad e infraestructura.

El déficit fiscal crece sin control. Cada año se agrandan en 50 billones los números rojos de la tesorería nacional. El gobierno del Presidente Gustavo Petro hizo una apuesta ambiciosa: creía que una reforma tributaria le daría suficientes recursos para financiar sus promesas de transformación económica y sus programas sociales. Pero los resultados fueron decepcionantes. La reforma tributaria de 2022 no dejó los recaudos esperados, otros intentos de reforma se frustraron en el Congreso, y la economía se desaceleró más de lo previsto. Todo esto redujo los ingresos tributarios justo cuando los gastos seguían creciendo.

A esto se suma otro problema grave: el debilitamiento deliberado de sectores que históricamente han sido el sostén de las finanzas nacionales. El sector minero-energético, que exporta petróleo y gas, enfrenta una incertidumbre regulatoria sin precedentes. Los mensajes confusos sobre exploración de hidrocarburos y las restricciones a nuevos proyectos ahuyentaron a los inversionistas, reduciendo las expectativas de ingresos futuros que dependen del petróleo.

Pero hay más. Una porción cada vez mayor del presupuesto debe destinarse al pago de intereses de la deuda pública. Esto significa que hay menos dinero disponible para invertir en lo que la gente necesita. Es un círculo vicioso: cuanto más deuda tiene el país, más dinero gasta en pagarla, y menos recursos quedan para otros gastos.

Los números son preocupantes. Según la CEPAL, Colombia tiene el déficit primario más alto de Latinoamérica, alcanzando el 3.6% del PIB. El déficit fiscal del año anterior cerró en 6.4%. Esta situación ha causado que las agencias calificadoras rebajen la deuda soberana colombiana, lo que encarece el costo de endeudarse. Recientemente, el país tuvo que pagar tasas de colocación de deuda que llegaron hasta el 14.46%. En otras palabras, le cuesta mucho más dinero al gobierno conseguir crédito internacional.

La caja de la Nación está prácticamente vacía. Entre abril y el momento de estos análisis, los recursos disponibles cayeron un 45.7%, pasando de 13.8 billones a 7.5 billones. La deuda bruta del gobierno central colombiano alcanzó los 1.238 billones, cifra histórica que representa un aumento cercano al 20% en apenas un año. Desde agosto de 2024, la deuda creció más de 433 billones.

El panorama se complica aún más cuando se mira el panorama externo. El déficit de la balanza comercial aumentó desde 10.807 millones de dólares en 2024 a 16.377 millones, un incremento del 51.5%. Lo preocupante es que Colombia enfrenta simultáneamente un déficit fiscal y un déficit en cuenta corriente, los denominados "déficits gemelos", que alcanzaron el -8.8%, el mayor de la última década.

Ante este panorama, Colombia necesita ajustes fiscales difíciles pero necesarios: controlar el gasto, priorizar inversión productiva, frenar el endeudamiento y fortalecer las fuentes reales de ingresos. Mantener finanzas públicas sanas no es un asunto ideológico sino una condición fundamental para proteger la estabilidad económica del país y garantizar que el Estado pueda seguir atendiendo a su gente.