Después de décadas, exintegrantes del último secretariado de las Farc-EP reconocieron públicamente su responsabilidad en el reclutamiento y utilización de niñas y niños durante el conflicto armado. En un video presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz el 2 de marzo de 2026, Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Parra y Julián Gallo pidieron perdón a las víctimas y a la sociedad colombiana por estos crímenes.

Los comparecientes aceptaron públicamente no solo el reclutamiento de menores, incluso de quienes no habían cumplido 15 años, sino también responsabilidad en los malos tratos, torturas, homicidios y violencias sexuales que ocurrieron dentro de la organización. Esta declaración marca un punto de quiebre en el caso, que investiga cinco patrones de crímenes cometidos contra la infancia durante el conflicto.

La magnitud de lo que ocurrió es escalofriante. La JEP documentó que entre 1971 y 2016 el reclutamiento fue masivo y sistemático, afectando a 18.677 menores estimados. De ese total, ya hay más de 11 mil víctimas acreditadas, entre ellas 2 mil personas individuales y casi 9 mil víctimas que pertenecen a pueblos indígenas como Koreguaje, Hitnü, Barí, Sikuani y Cubeo, además de comunidades afrocolombianas. Para estos pueblos, el daño fue aún más grave: no solo reclutaron a sus menores, sino que agravaron el riesgo de que desaparecieran como pueblos.

Lo sorprendente es que antes de la creación de la JEP casi no hubo justicia ordinaria por estos hechos. Apenas se registraban 387 investigaciones y 45 sentencias en los juzgados regulares, de las cuales cinco fueron absoluciones. Miles de niños sufrieron en la guerra sin que la justicia se ocupara de ellos.

Este reconocimiento no es el final del proceso, sino el comienzo. La JEP planea realizar encuentros restaurativos directos entre los comparecientes y las víctimas que quieran participar. Además, está investigando a mandos regionales que también participaron en estos crímenes. El proceso incluye medidas especiales porque muchas víctimas hoy son adultos que fueron reclutados de niños, y otras aún buscan a menores desaparecidos. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas trabaja para encontrar el paradero de 485 menores que nunca regresaron a sus hogares.

La JEP fue clara en señalar que la justicia restaurativa requiere verdad completa, reconocimiento genuino y acciones concretas que aseguren que esto no vuelva a ocurrir. El reconocimiento de estos daños es un paso hacia garantizar que la niñez colombiana nunca más sea utilizada como arma de guerra.