Hace poco decidí conquistar un miedo que cargué desde la infancia: aprender a manejar motocicleta. Después de años como ciclista urbano y conductor con licencia vigente desde hace dos décadas, finalmente obtuve mi pase en la categoría A2. Lo que debería haber sido una satisfacción personal se convirtió en una profunda indignación. Durante este proceso, fui testigo de cómo el sistema de formación vial colombiano funciona más como una "fábrica de licencias" que como un verdadero espacio de aprendizaje.

Lo que más me sorprendió fue la negligencia en la formación teórica. Según la normativa, un aspirante a la categoría A2 debe recibir 28 horas de teoría que incluyen ética y seguridad vial, mecánica básica y primeros auxilios. En mi caso, me despacharon con una sola sesión de cuatro horas donde el instructor pasaba más tiempo digitando en una pantalla que explicando conceptos fundamentales. La escuela justificaba esto diciendo que "quien conduce carro ya lo sabe todo", ignorando completamente que la norma existe por una razón y que actualizar conocimientos no es un capricho, sino una medida de protección contra accidentes fatales.

El problema se agrava en las clases prácticas. Las 15 horas de instrucción real que la ley exige se transforman en jornadas extenuantes de hasta seis horas continuas. Es como pedirle a un principiante que viaje de Medellín a Manizales en su primer día de aprendizaje. El cuerpo se tensa, los sentidos se agotan y la concentración desaparece. Cuando manifesté cansancio, la respuesta del instructor no fue rigor pedagógico, sino complicidad: ofrecerme "negociar" menos horas para terminar antes, sacrificando completamente mi aprendizaje.

Lo más grave es algo que debería parecer imposible pero que parece ser estándar en el sector: la propuesta abierta de fraude. Algunos instructores preguntan sin ningún pudor si el estudiante ya sabe manejar. Si la respuesta es sí, sugieren no asistir a las clases mientras ellos se encargan de validar falsamente las horas ante la plataforma estatal. Yo no acepté porque genuinamente no sabía, pero ¿cuántos conductores circulan hoy por nuestras calles con una licencia en la billetera sin haber tocado nunca un manubrio?

Esta situación plantea preguntas incómodas sobre dónde están el Ministerio de Transporte y las autoridades competentes. Si conducir es la actividad más peligrosa que realiza un ciudadano promedio, ¿cómo es aceptable que el control sea tan débil? El aumento desbordado de accidentes de tránsito en Colombia no es obra de la casualidad ni castigo divino; es consecuencia directa de permitir que personas sin dominio ni conciencia rueden por nuestras carreteras.

Conducir no puede seguir siendo visto como un simple acto mecánico de mover palancas. Hoy, miles de colombianos dependen de este oficio en plataformas y transporte público; es una responsabilidad que impacta la vida ajena. Manejar exige conocimiento técnico y ético riguroso, debería tratarse como mínimo como una técnica profesional. Mientras el proceso siga siendo un trámite de ventanilla y no una verdadera formación académica, seguiremos contando cadáveres en las carreteras.

Guardo mi licencia de moto con sabor amargo. Me siento capaz porque me empeñé en aprender a pesar del sistema, no gracias a él. Rechazo profundamente que las escuelas jueguen con la vida de la gente para ahorrar gasolina u horas de oficina. La próxima vez que vea un accidente en el noticiero, recuerde que detrás probablemente hay un instructor que no dio su clase y una autoridad que miró hacia otro lado. Es hora de exigir que aprender a conducir deje de ser una estafa compartida y se convierta en la garantía de que todos regresemos a casa.