Las máximas autoridades judiciales del país volvieron a intervenir públicamente para cerrar filas alrededor de los procesos electorales. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su "pleno respaldo a la labor que desarrollan las comisiones escrutadoras en todo el país, que cumplen una función esencial para la garantía de la transparencia, la legitimidad y la confianza ciudadana en el proceso electoral colombiano". El pronunciamiento surge en un momento de tensión política, tras la primera vuelta presidencial y los cuestionamientos que el presidente Gustavo Petro ha lanzado alrededor del conteo de votos.

Petro ha insistido en denunciar lo que llama un "posible fraude" que, según afirma, puede comprobar. A través de sus redes sociales, el mandatario expresó: "Mi compromiso con mi pueblo y el amor a mi país, por el que he luchado toda mi vida, hace que arriesgue todo al transmitirlo y lo voy a hacer en este momento. El registrador se negó permanentemente a entregar el código fuente, que era el requisito básico de la transparencia electoral". Sin embargo, estas denuncias han sido desestimadas por las autoridades competentes.

Ante este escenario, las cortes salieron a defender el trabajo de los jueces que integran esas comisiones y recordaron que el escrutinio electoral es una actuación "reglada por la Constitución y la ley" que se adelanta "con independencia y rigor por parte de las comisiones escrutadoras, integradas principalmente por jueces de la República". De igual forma, respaldan a la Registraduría por haber articulado esfuerzos con organismos de control, autoridades competentes y observadores internacionales para garantizar "un proceso transparente y confiable".

Las altas cortes también aclararon que el Consejo Nacional Electoral es quien tiene la última palabra para "declarar los resultados definitivos de los comicios dentro del marco legal establecido". No es la primera ocasión en que estos organismos judiciales salen públicamente a responder a polémicas que involucran al presidente o a decisiones de su gobierno.

El comunicado termina con un llamado a la ciudadanía, las instituciones y los actores políticos a "preservar el respeto por el ordenamiento constitucional" y a confiar en los mecanismos legales previstos para verificar y consolidar los resultados. También hacen un exhorto a los servidores públicos a actuar con "responsabilidad, prudencia y respeto para evitar la confrontación, la incertidumbre y el debilitamiento de la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la transparencia electoral".

La Registraduría, por su parte, respondió punto por punto los cuestionamientos del presidente. Desmentió las acusaciones sobre fraude, irregularidades en el censo electoral, cambios en el potencial de votantes, alteraciones en el número de mesas de votación y modificación del software. Para respaldar su posición, vale recordar que los jueces de la República confirmaron que el escrutinio coincidió en un 99.94% con los resultados del preconteo.