Cuando el presidente Gustavo Petro no está de acuerdo con una decisión judicial, sus mensajes por redes sociales suelen ser directos y contundentes. Esta vez no fue la excepción. Después de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el Decreto 415 que ordenaba trasladar veinticinco billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, el mandatario arremetió contra la corporación acusándola de actuar "a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general". Pidió también "demandar" al magistrado Juan Enrique Bedoya por supuesto prevaricato, aunque cometió algunas imprecisiones al calificar el auto como "sentencia" cuando se trata de una decisión de trámite, no un fallo de fondo.

Las cortes no tardaron en responder. El Consejo de Estado habló del "tono incendiario" del presidente y rechazó directamente lo que calificó como "desinformación y descontextualización" de sus decisiones judiciales. En un comunicado que resumía el sentir de toda la Rama, la corporación fue clara: "A poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos". El mensaje llegaba cargado de algo que en la jerga constitucional suena casi como un recordatorio necesario: la separación de poderes no es un obstáculo para la democracia, sino "una de sus principales garantías".

No fue solo el Consejo de Estado quien salió en defensa de la independencia judicial. La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, conformada por la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Fiscalía y representantes de empleados judicales, emitió un comunicado conjunto recordando que "fue justo nuestro poder constituyente" quien instituyó la separación de poderes en el artículo 113 de la Constitución. El procurador general, Gregorio Eljach, también respaldaró a la Rama Judicial, exigiendo "respeto incondicional por la independencia de los poderes".

Varios magistrados se pronunciaron personalmente sobre el tema. Iván Lenis, pendiente de la Corte Suprema, fue claro al señalar que "no es normal que se agreda a una rama del poder, o a la justicia, o se atropelle, porque no se esté a favor de una decisión". Por su parte, Natalia Ángel, vicepresidenta de la Corte Constitucional, advirtió que cuando se atacan las instituciones sin pruebas, "se va minando la confianza y no pueden ejercer su papel como deberían". El Consejo de Estado también alertó que la libertad de expresión "no puede ser invocada para edificar mensajes" que pongan en peligro la integridad institucional.

¿Qué motivó que el Consejo de Estado frenara el traslado de los veinticinco billones? El magistrado Bedoya encontró que el Decreto 415 violaba lo que la propia reforma pensional del Gobierno había establecido. Según la ley, esos recursos debían ir al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, una cuenta especial que el Banco de la República debe gestionar. Pero ese fondo aún no existe. Además, el decreto intentaba trasladar dinero de personas que aún están ahorrando en las AFP, cuando la reforma solo permitía mover recursos de quienes ya habían consolidado su jubilación. Para el tribunal, el efecto de mover masivamente esos fondos podría ser irreversible para el sistema pensional.

Este enfrentamiento entre Petro y la Rama Judicial no es nuevo. En febrero, cuando el presidente convocó marchas para cuestionar la suspensión provisional del salario mínimo de 2026, la Comisión Interinstitucional ya le había pedido respetar las decisiones judiciales. Para los magistrados, estas decisiones no son caprichos, sino "el resultado de actuaciones sometidas a reglas procesales, garantías fundamentales y principios de independencia y autonomía judicial". Mientras tanto, la reforma pensional sigue en el limbo: la Corte Constitucional mantiene suspendida la mayor parte de ella, y Colpensiones queda sin los recursos que el Gobierno planeaba trasferirle.