Después de una primera entrega sobre este tema, el director de El Pilón, el diario más influyente del Cesar, hizo una observación que toca el fondo del asunto. De manera respetuosa, planteó que "El problema no son las concesiones; el problema es la corrupción", refiriéndose a cómo alrededor de estos modelos terminan apareciendo relaciones sospechosas entre concesionarios, campañas políticas y poder público. Y probablemente ahí esté el verdadero origen de buena parte de lo que está pasando.

En Colombia, la ciudadanía ya no ve muchas concesiones como simples contratos administrativos. Las mira con desconfianza. Sobre las concesiones municipales se ha instalado, año tras año, una atmósfera persistente de sospecha. No es solo por las tarifas o los cobros, sino porque alrededor de ellas la gente percibe intereses políticos y económicos tan fuertes que es imposible seguir viéndolas únicamente como mecanismos técnicos de administración.

Basta recorrer la carretera entre Barranquilla y Valledupar para entender ese malestar creciente. En todo el trayecto hay cinco peajes. Apenas se sale de Barranquilla aparece el tramo Barranquilla-Ciénaga, una concesión que lleva más de cuarenta años cobrando peajes que aumentan constantemente. Muchos viajeros terminan haciéndose la misma pregunta: ¿cuándo se termina realmente de pagar esta vía? Y es que una cosa es que una concesión nazca para resolver una necesidad puntual y otra muy distinta es que termine convirtiéndose en una estructura permanente de recaudo que sobrevive a todos los gobiernos sin cuestionamiento ciudadano visible.

El fenómeno ya no se limita a un solo sector. Peajes, alumbrados públicos, sistemas de recaudo urbano, fotomultas, tecnomecánica, grúas, patios, amoblamiento urbano, disposición de basuras, operación privada de servicios públicos. Con el paso de los años, estas estructuras dejaron de verse como soluciones temporales y empezaron a asumirse como parte permanente de la vida cotidiana. Y ahí es donde comienza realmente el problema. Cuando el ciudadano constata que existen cada vez más cobros, más esquemas de recaudo y menos revisiones visibles, inevitablemente empieza a preguntarse quién se beneficia realmente del sistema.

El problema no es la existencia de operadores privados. El problema aparece cuando el equilibrio entre beneficio privado, utilidad pública y proporcionalidad de las cargas económicas empieza a romperse, mientras cada vez más aspectos de la vida colectiva quedan organizados alrededor de estructuras de recaudo protegidas por el propio Estado. Y por eso esta discusión ya no puede seguir siendo únicamente un debate sobre tarifas o contratos. En el fondo, lo que está en juego es la confianza pública y la legitimidad del modelo.

Tal vez la pregunta más incómoda de todas sea esta: si estas estructuras rara vez retroceden y cada vez abarcan más espacios de la vida pública, entonces ¿para quién termina funcionando realmente el modelo?