Con los colombianos a días de elegir presidente en segunda vuelta, los jefes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se reunieron para enviarle un mensaje directo a quien entre a la Casa de Nariño. El recado, dado el martes 9 de junio en un foro organizado por la Procuraduría, fue contundente: los gobernantes pueden tener opiniones diferentes sobre las decisiones judiciales, pero tienen la obligación constitucional de respetarlas.

Alberto Montaña Plata, presidente del Consejo de Estado, fue quien más claramente trazó la línea. Reconoció que está bien que cualquiera, incluyendo el presidente, ejerza su derecho a estar en desacuerdo con una sentencia. "Constitucionalmente el Presidente de la República y el Gobierno no tiene el deber de estar de acuerdo con las decisiones, pero sí tiene el deber de acatarla", afirmó. Lo que no está permitido, advirtió, es cruzar de la crítica legítima al desafío institucional. Para Montaña, hay también una tarea pendiente en la rama judicial: explicar mejor sus fallos a los ciudadanos, lo que él denominó "pedagogía de la decisión", reconociendo que en esto hay un déficit democrático.

Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema, enfatizó en el rol del presidente como representante de la unidad nacional. Planteó que la responsabilidad del mandatario no es solo respetar la justicia, sino que "todas sus acciones deberían orientarse" a actuar con responsabilidad e imparcialidad. Lenis extendió esa llamada más allá de la presidencia: en tiempos de tanta polarización y desinformación, dijo, la ciudadanía toda tiene el deber de hacer críticas fundadas en la verdad y que no alimenten la confrontación, especialmente en un país donde la violencia ha marcado la historia.

Paola Meneses Mosquera, presidenta de la Corte Constitucional, fue quien vinculó las palabras directamente con las elecciones. Anunció que, gane quien gane, la rama judicial espera lo mismo: que se respete la separación de poderes y se protejan los derechos fundamentales. Pero fue más específica en sus demandas al futuro gobierno: presupuesto adecuado para funcionar, competencias que no puedan ser intervenidas y estabilidad para los jueces en salarios y régimen disciplinario. Cerró con una reflexión sobre qué define realmente a un gobernante fuerte: "la verdadera fuerza de un gobernante no se demuestra desafiando o debilitando los contrapesos institucionales, sino (...) con la grandeza de acoger y de actuar en el marco de la Constitución Política y de la ley".