En plena carrera presidencial, Colombia se debate entre un proceso electoral y una guerra que no cesa. Los últimos hechos de violencia ponen en evidencia cómo los grupos armados ilegales mantienen y amplían su capacidad de ataque en diferentes regiones del país, mientras la población intenta seguir adelante en medio de la incertidumbre.

Los números son contundentes. En el municipio de Cajibío, en el Cauca, 21 personas perdieron la vida en un ataque. A eso se suma la explosión de un carro bomba contra una base militar en Cali y al menos 26 ataques documentados en el Cauca y Valle del Cauca. En La Guajira, los grupos irregulares generan pánico con sus acciones vandálicas, secuestros y extorsiones que no dan tregua.

Según las cifras de la Defensoría del Pueblo, entre enero y junio de 2025 se han documentado 89 asesinatos de líderes y lideresas sociales, además de 25 homicidios de personas que firmaron la paz y 34 masacres que dejaron 116 víctimas. Desde que se implementó el Acuerdo de Paz en 2016 hasta junio de 2025, la entidad ha registrado 1.577 asesinatos de líderes sociales en el territorio nacional.

El Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca son los departamentos donde se concentra la mayor parte de esta violencia, territorios donde confluyen intereses económicos, políticos y criminales que alimentan dinámicas de conflicto persistentes. Mientras la Policía Nacional y el Ejército trabajan por contener la situación, los candidatos presidenciales se mueven protegidos por esquemas especiales de seguridad.

Un nuevo frente de preocupación surge en las redes sociales, donde grupos armados utilizan plataformas digitales para el reclutamiento forzado de menores. La tecnología se convierte así en una herramienta más de la guerra que aqueja al país.

Los colombianos esperan un respiro, un alto al fuego que permita a los territorios enfocarse en crecer económicamente y mejorar las condiciones de vida de sus pobladores, que son quienes cargan el peso más pesado de este conflicto que parece no tener fin.