Colombia no está viviendo el mismo conflicto de hace una década. Así lo advierte Andrés Macías Tolosa, profesor coordinador del grupo de investigación Ópera de la Universidad Externado, quien en una entrevista con KienyKe analiza los repuntes de atentados, ataques contra la Fuerza Pública y la ola de inseguridad que atraviesa el país en este momento.

Lo que ha cambiado es fundamental. Después de 2016 y el acuerdo con las Farc, el panorama se transformó completamente. Ya no existen unos pocos grupos armados grandes buscando cambiar el modelo político del país. En su lugar, surgieron disidencias, alianzas criminales, estructuras locales y organizaciones que se fortalecieron en territorios donde antes operaba la guerrilla. "Hoy tenemos un territorio con un nivel de violencia complejo, pero que ya no está en cabeza de unos pocos grupos, sino de muchos grupos armados con algún nivel de control en diferentes partes del país", explica Macías.

Los académicos hablan de una "cuarta ola" de violencia para describir esta etapa. A diferencia de conflictos anteriores, estos nuevos grupos armados no buscan tomar el Estado o cambiar el sistema económico. Lo que les interesa es mantener control territorial para sostener sus negocios criminales. Como señala el profesor, "Ya no hay un interés político detrás de cambiar el modelo de Estado, cambiar la idea económica del Estado en el que estamos, sino un control político en donde les interesa mantener hilos en la política territorial".

Macías también cuestiona cómo se estructuró la política de Paz Total del Gobierno. Aunque reconoce que intentó acercarse a distintos grupos, considera que abrió demasiados frentes sin una estrategia clara. "Paz Total no dice mucho. Es una noción técnicamente de una paz negativa", afirma, explicando que se enfocó solo en reducir los disparos, pero no en transformar las condiciones reales que alimentan la violencia. Los ceses bilaterales redujeron ataques contra militares y policías, pero dejaron a los civiles atrapados entre bandas que ni siquiera tenían acuerdos entre ellas.

El narcotráfico sigue financiando muchas de estas estructuras, pero ya no es la única fuente. La minería ilegal y la extorsión también sostienen la capacidad operativa de grupos armados. Para responder a esto, Macías considera que la Fuerza Pública tiene capacidad, pero necesita mayor inversión, tecnología más moderna y recuperar la inteligencia estatal que se ha debilitado.

De cara al próximo gobierno, el profesor sugiere acciones concretas. Recomienda que en los primeros seis meses, junto con el plan de desarrollo, se redacten y aprueben dos políticas diferentes pero conectadas: una de defensa y seguridad nacional, y otra de seguridad y convivencia ciudadana. Es decir, estrategias distintas para problemas que requieren respuestas también distintas.