La discusión incomoda, pero que hay que tener. En varios rincones de Colombia todavía hay lugares donde el ciudadano no puede ejercer su voto de verdad, sin presiones ni miedos. El Instituto de Ciencia Política encontró 722 puestos de votación con comportamientos electorales atípicos en municipios de frontera y territorios controlados por organizaciones criminales, moviendo cerca de 327.000 votos efectivos.

El estudio no acusa de fraude ni señala a candidatos específicos. Su alerta es más seria: en ciertas regiones hay condiciones de intimidación y control territorial que afectan la libertad política de los electores. Eso es un problema real que las autoridades deben atender con urgencia.

Pero aquí viene lo importante. Algunos políticos han sugerido anular masivamente esas votaciones, apuntando a lo que llaman "voto fusil". El problema con esa solución es que terminaríamos castigando dos veces al ciudadano que vive en zonas apartadas, muchas abandonadas por el Estado. Primero sufren la presión de grupos criminales, después le negaríamos validez a su voto. Eso no es democracia, es revictimización.

La realidad es que no hay pruebas individuales de qué votos específicos fueron producto de coacción. Entonces, anular votaciones ya realizadas y consolidadas resultaría legalmente difícil y políticamente injusto. Además, hay responsabilidad compartida. Las autoridades, las campañas políticas, los partidos y los observadores electorales tenían el deber de garantizar libertad en esas zonas.

El verdadero problema no está en las urnas. Está en los territorios. Mientras grupos armados ilegales controlen regiones completas, administren justicia por su cuenta y ejerzan poder sobre la población, no habrá democracia plena en esos lugares. La solución real es que el Estado recupere control efectivo, fortalezca la presencia permanente de la Fuerza Pública, proteja a líderes sociales y testigos electorales, y persiga penalmente el constreñimiento al voto.

Lo que debe cambiar hacia adelante es garantizar que cada colombiano, sin importar dónde viva, pueda depositar su voto sin amenazas, sin presiones, en total libertad y en secreto. Una democracia no se defiende solo contando votos. Se defiende liberando los territorios donde viven esos votantes.