La Unidad Nacional de Protección enfrenta una crisis financiera que podría desmoronar los esquemas de seguridad en el país. Según la investigación de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, la entidad adeudaría cerca de 400 mil millones de pesos a empresas arrendadoras por el alquiler de al menos 5 mil vehículos, tanto blindados como convencionales, que protegen a funcionarios, líderes sociales, exmandatarios y otras personas en situación de riesgo.

El problema viene gestándose desde hace meses. De acuerdo con un cruce de correos electrónicos entre funcionarios de la UNP y sus proveedores, los retrasos en los pagos se acumulan desde finales de 2025, con obligaciones pendientes que se remontan a noviembre de ese año. Pero lo más preocupante es que hasta ahora no se ha pagado nada de 2026. "La operación mensual por el arriendo de las camionetas blindadas y convencionales asciende a los 55 mil millones de pesos. (...) Lo cierto es que no se ha girado el pago de ningún mes de 2026", señaló una fuente citada por el medio.

Las empresas arrendadoras están llegando al límite de su paciencia. Varias de ellas ya advirtieron que no pueden continuar prestando el servicio bajo estas condiciones, y al menos dos han manifestado su intención de retirar las camionetas asignadas a los esquemas de protección si no se saldan las deudas pronto. Si esto sucede, decenas de personas bajo protección estatal quedarían completamente expuestas, algo particularmente grave en un contexto donde persisten amenazas contra líderes políticos y sociales, como ocurrió recientemente con la candidata presidencial Paloma Valencia, quien recibió amenazas de muerte acompañadas de una imagen con una corona fúnebre.

Los correos internos revelan que el verdadero nudo del problema está en las limitaciones presupuestales. La asignación de recursos del Programa Anual de Caja correspondiente a marzo de 2026 fue parcial "debido a la limitada disponibilidad de caja a nivel nacional". En uno de los documentos se advierte que "los pagos asociados a la facturación del período febrero de 2026 (...) deberán ser aplazados hasta tanto se realice la asignación del PAC correspondiente al mes de abril". Todo depende, en última instancia, del Ministerio de Hacienda, que debe aprobar y liberar los recursos.

Empresas como GMW Blindajes, Blinsecurity de Colombia Ltda., Veblinco, Neostar de Colombia Ltda., Calmori SAS y Royal Rent Corp SAS figuran entre las afectadas. Aunque reconocen que la UNP ha mostrado disposición para buscar acuerdos, todas coinciden en lo mismo: el dinero simplemente no está disponible.

Mientras tanto, crece la incertidumbre entre quienes dependen de estos esquemas de protección. La posibilidad de que les retiren los vehículos es real, y las consecuencias podrían ser graves, especialmente para personas en zonas con problemas complejos de orden público. Una crisis de seguridad financiada por la falta de recursos: ese es el escenario que Colombia podría estar enfrentando.